PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
Ante la falta de acuerdos en torno a la reforma electoral, cuyos trabajos inician esta semana en la Cámara de Diputados, es complicado que se alcance una reforma constitucional, aunque ello depende de los votos del PRI.
Y frente la expectativa de que no se apruebe la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) el panorama que se abre es que haya recortes importantes al presupuesto del Instituto en 2023 y 2024, para asfixiarlo económicamente.
Además, la cercanía de la salida, en abril, de cuatro consejeros electorales, entre ellos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, abre la posibilidad de que el INE se quede por mucho tiempo con solo siete integrantes y con un presidente afín al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con un análisis de la consultoría Integralia, solo hay un punto común en las propuestas presentadas por Morena y el PAN, que es la urna electrónica, mientras que en el resto de las propuestas hay diferencias de fondo.
Advierte que la propuesta presidencial establece que el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) perdería la atribución de conformar el padrón electoral, pues solo tendría la integración de la lista nominal de electores y, en consecuencia, es probable que tampoco expedirá la credencial para votar con fotografía.
Advirtió que esto genera incertidumbre respecto a quién sería el responsable de conformarlo y el posible uso clientelar o político de la lista de electores; se rompe uno de los pilares de la integridad del sistema electoral mexicano.
Además, se socava la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales, pues elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular politizaría su perfil. En lugar de expertos, los cuadros directivos serían políticos profesionales, militantes y activistas. Asimismo, conseguir los fondos para desplegar una campaña nacional en busca del voto puede implicar varios millones de pesos, por lo que quien compita tendrá fondeadores externos con intereses políticos o económicos.
Otro elemento es la distorsión de representantes populares, en tanto que diputados y senadores serían elegidos mediante listas estatales, con lo cual se eliminan las diferencias de la representatividad que es base del bicameralismo y del federalismo.
También se pone en riesgo la sobrevivencia de los partidos: sin financiamiento público en años no electorales, son vulnerables y se convierten en maquinarias para ganar elecciones, lo cual va en contra de su rol como intermediarios, reclutadores de liderazgos sociales y contrapesos al poder de los gobiernos.
Integralia apunta que no queda claro cómo se compaginaría el sistema de listas con las alianzas entre partidos, u podría implicar, en los hechos, una desaparición de las coaliciones.
Por lo que toca a la reducción de tiempo en radio y TV, la iniciativa presidencial elimina 18 minutos de programación para el Estado durante procesos electorales, minutos con los que ya no se contaba en tiempo ordinario desde el decreto de devolución de tiempos fiscales de 2020.
