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No puede perderse lo avanzado, dice presidenta del CIDH por Ayotzinapa

INÉS AMARELO / EFE Foto: EFE Ante la presentación del tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidenta del organismo, Julissa Mantilla, insistió en una entrevista con EFE en la necesidad de no perder lo avanzado por el Estado. En el informe,

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INÉS AMARELO / EFE

Foto: EFE

Ante la presentación del tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidenta del organismo, Julissa Mantilla, insistió en una entrevista con EFE en la necesidad de no perder lo avanzado por el Estado.

En el informe, centrado en el periodo 2019-2022, la Comisión Interamericana valoró muy positivamente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) y la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca).

Pero vio que la salida del anterior fiscal especializado, Omar Gómez Trejo, de la Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) y la polémica sobre la posible reproducción de capturas de pantalla falsas en el informe presentado por la Covaj en agosto ponen en riesgo los avances obtenidos.

“Crear la Covaj y la Ueilca fueron avances importantes, no se pueden desvirtuar por lo que ha pasado. Llegas a avances con una coyuntura aparentemente favorable, con la Fiscalía (del caso) formándose, con una Comisión de la Verdad, no se puede perder lo avanzado”, consideró la también relatora por la memoria verdad y justicia y por los derechos de las mujeres.

En este sentido, Mantilla compartió que el asunto relativo a las órdenes de detención también provoca que los avances se tambaleen.

 

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A finales de septiembre, la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que había solicitado en agosto pasado contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Del resto, muy pocas se han cumplimentado, pasando por alto a la Ueilca y creando así una desestabilización que terminó con la renuncia de Gómez Trejo y, con esto, la inconformidad de las familias de los estudiantes, quienes ya habían desarrollado confianza con los funcionarios de dicha unidad especializada.

Mantilla opinó que, además, querer obtener sentencias “rápidamente” y buscar la resolución rápida del caso “es un error”.

“No se trata de ponerle una fecha, se trata de lograr la mayor verdad posible y la mayor justicia que se pueda”, con independencia de la Fiscalía, la mayor cantidad de pruebas posibles y el camino a la verdad, dijo.

REAFIRMACIÓN DE CONCLUSIONES

El informe incide en lo ya mencionado anteriormente por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

Enuncia la dificultad para la entrega de documentación por parte de las Fuerzas Armadas y órganos de inteligencia del Estado, la demora en el cumplimiento de órdenes de detención, y la necesidad de la creación de una política de comunicación efectiva y no confusa, entre otras cosas.

Además, tanto en el documento presentado como en las palabras de la presidenta, la CIDH hizo hincapié en situar Ayotzinapa como un caso emblemático pero no aislado en un contexto donde la desaparición forzada constituye uno de los grandes problemas de México.

“Nos preocupa mucho la práctica de desaparición forzada que hemos visto en la región, sobre todo en México. Quería mencionarlo porque el caso de Ayotzinapa es un caso que recibió muchísima atención mediática e internacional y ocho años después todavía no se sabe que pasó”, expuso Mantilla.

La CIDH, presente en el terreno desde 2014, también reconoce en el informe el cambio de enfoque del caso en cuanto a que las víctimas sean el centro, y es por ello que presentó el documento en la escuela normal rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014 en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.

“Vamos a estar en la normal, vamos a hablar con los padres para dar un mensaje al Estado y a la región: la centralidad tiene que estar en las víctimas. La espera que ellos tienen es tan inaudita que no se puede seguir jugando”, sentenció Mantilla.

“Pase lo que pase, se tomen las decisiones que se tomen, la Comisión va a seguir, no podemos hacer más de nuestro mandato, pero sin duda no haremos menos”, terminó.

Las claves del informe presentado este martes:

1. La CIDH establece en el documento que continúa observando que el acceso a la información, documentos y archivos en posesión de las autoridades de seguridad nacional sigue representando “uno de los mayores desafíos” para el esclarecimiento del caso.

A pesar del respaldo político “del más alto nivel”, persiste la entrega tardía de documentos bajo custodia de fuerzas militares, lo que evidencia “falta de uniformidad”.

2. Por otra parte, el organismo encuentra necesario “que el Estado determine una política comunicacional” que dé cuenta de los avances sobre el caso Ayotzinapa y evite que la información divulgada pueda generar contradicciones entre las autoridades de investigación.

“La difusión y filtración de piezas procesales del caso en medios de comunicación y la divulgación de información de supuestas interceptaciones telefónicas relacionadas con los hechos de Ayotzinapa por decisión de autoridades no jurisdiccionales, puede poner en riesgo las investigaciones y revictimizar a las familias”, indica el informe.

3. La Comisión Interamericana valora “muy positivamente” la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) y la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

Pero insiste en que la salida del anterior fiscal especializado -Omar Gómez Trejo- y la polémica sobre la posible reproducción de capturas de pantalla falsas en el informe presentado por la Covaj en agosto, ponen en riesgo los avances obtenidos.

“El Estado debe hacer un análisis pormenorizado de los hechos denunciados y, en caso de ser necesario, adoptar medidas concretas para reencauzar la investigación, favorecer su impulso y evitar retrocesos”, indican.

4. “A ocho años de ocurridos los hechos, la determinación del paradero de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las personas responsables continúa pendiente”, sentencia la Comisión.

A pesar de que hay piezas de evidencias que indican que los estudiantes podrían haber sido privados de la vida y sus restos desaparecidos, la realidad es que no se ha dado con su paradero.

5. El organismo considera que es urgente que se atiendan los desafíos de la judicialización en un caso de la magnitud de Ayotzinapa.

Esto en dos sentidos: en primer lugar, las órdenes de detención emitidas gracias a la profundización en la investigación deben cumplimentarse cuanto antes y en segundo lugar, las órdenes no deben darse por la prisa de encontrar responsables.

6. La “verdad histórica”, que presentó el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) como única teoría legítima, ha sido superada gracias a la investigación y a las pruebas.

7. “Los hechos de Ayotzinapa no son aislados, sino que ocurren en un contexto de desaparición de personas en México, ampliamente documentado que supera las 100.000 personas reportadas como desaparecidas y más de 52.000 restos de personas fallecidas sin identificar, evidenciando la gravedad y urgencia de atender aspectos estructurales en materia de desaparición”, sentencia el informe.

Ante el caso Ayotzinapa, emblemático y mediático pero no aislado, continúa pendiente en México la implementación de una política integral de prevención de las desapariciones.

8. La CIDH seguirá, después de la presentación de este informe, siendo observador y emitiendo recomendaciones debido a su compromiso con el caso y con las víctimas.