CIUDAD DE MÉXICO, 26ENERO2024.- Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para conmemorar los nueve años y cuatro meses de los hechos. Exigieron al gobierno respuestas contundentes y esclarezca los acontecimientos y no quede todo en el discurso. Asimismo, se dijeron decepcionados por la manera en que se han dado las investigaciones.
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM REDACCIÓN OVACIONES
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Ocho militares que habían sido liberados la semana pasada por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fueron nuevamente detenidos por una orden de aprehensión por delincuencia organizada.
La defensa de los militares informó que tres de ellos fueron capturados y los cinco restantes se presentaron voluntariamente ante las autoridades. Los ocho elementos pertenecen al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, y son señalados de participar en la desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
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Los militares habían salido del Campo Militar número 1 el pasado 25 de enero, luego de que la jueza Raquel Duarte les otorgara el beneficio de seguir el proceso en libertad.
Para salir de la cárcel, los militares pagaron una garantía de 50 mil pesos y quedaron sujetos a la presentación periódica los días 1 y 16 de cada mes y el pago de una garantía de 50 mil pesos, la entrega de sus pasaportes, y la prohibición de salir del País.
Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo Díaz, forman parte de un grupo de militares que fueron acusados del delito de desaparición forzada.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, que no admite fianza ni libertad condicional.
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La reaprehensión de los militares se da en medio de la inconformidad del gobierno de México, que acusó al Poder Judicial de no considerar los derechos de las familias de las víctimas y de obstaculizar la investigación del caso Ayotzinapa.
Tras su liberación, el gobierno de México expresó su inconformidad y acusó al Poder Judicial de no tomar en cuenta los derechos de las familias de los estudiantes desaparecidos.
