La elección judicial fue presentada como el inicio de una nueva era. Jueces, magistrados y ministros electos por voto popular. Un Poder Judicial renovado. Transparente. Libre de corrupción. Apenas han pasado unos meses y la narrativa ya se fue al basurero.
El nuevo Poder Judicial nació con un órgano clave: el Órgano de Administración Judicial. Sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal y concentra la mayor parte del presupuesto judicial. Su función es simple y delicada. Administrar recursos, contratos, licitaciones y la operación interna de los tribunales.
Ahí comenzaron los problemas.
PRIMERAS ALERTAS
De acuerdo con reportes periodísticos, el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, ordenó en diciembre una investigación interna para determinar si existían irregularidades en contrataciones y licitaciones gestionadas por el propio órgano.
Poco después se reportaron denuncias aún más graves. Proveedores acusaron la existencia de una red de extorsión dentro del OAJ. Según su testimonio, funcionarios exigían moches de hasta 20 por ciento a cambio de contratos. Quien no pagaba, quedaba fuera.
El OAJ respondió anunciando medidas de transparencia y exhortando a denunciar ante su contraloría. Pero el hecho central ya estaba ahí. El recién nacido órgano ya estaba bajo sospecha.
LA RENUNCIA
El escándalo escaló a inicios de año. Lorena Josefina Pérez Romo, integrante del pleno del OAJ, presentó su renuncia apenas cuatro meses después de asumir el cargo.
Trascendió que su salida se produjo tras un conflicto interno por la asignación de contratos. Hubo discusiones fuertes al interior del órgano. La renuncia se manejó con sigilo. No hubo explicación pública inmediata hasta que se filtró.
Después, más de 60 trabajadores del equipo de Pérez Romo fueron despedidos. Sus oficinas fueron cerradas. No hubo comunicado oficial. Los empleados regresaron de vacaciones y encontraron sellos en las puertas.
Pérez Romo había sido una de las defensoras de la reforma judicial. Buscó incluso un cargo mayor bajo el discurso de limpiar la corrupción. Su salida, rodeada de versiones sobre contratos y presiones internas, golpea directamente la credibilidad del nuevo modelo.
Según se ha señalado, su confrontación con Vargas Solano pudo responder tanto a diferencias administrativas como a disputas de poder, especialmente con Arturo Zaldívar. Vargas, cercano a Sheinbaum, quedó fortalecido tras la renuncia.
Mientras tanto, las investigaciones siguen sin resultados públicos.
EL PROBLEMA DE FONDO
Estos hechos no son poca cosa. El OAJ maneja decenas de miles de millones de pesos. Si ahí hay corrupción, el impacto se extiende a todo el sistema judicial.
La reforma judicial prometió erradicar el nepotismo y las prácticas opacas. Hoy, las primeras señales apuntan a corrupción con nuevos nombres.
La respuesta institucional ha sido insuficiente. Hay investigaciones anunciadas, pero no sanciones. Hay renuncias, pero no explicaciones. Ni una mención en las conferencias de Sheinbaum. El silencio pesa.
LA NUEVA ERA, A PRUEBA
A pocos meses de su nacimiento, el Poder Judicial electo enfrenta una gran prueba de credibilidad. Y la va perdiendo.
La elección judicial abrió la puerta a un cambio profundo. Pero se hizo sin controles reales, sin transparencia en el uso del presupuesto y sin rendición de cuentas.
Cambiar el método de elección y hacer limpieza del personal judicial no eliminó la corrupción. Al contrario, dio nacimiento a nuevos casos.
Con un nuevo Poder Judicial aplicando los vicios que tanto criticó, la promesa de justicia quedó sepultada. Y eso, en un país con niveles históricos de impunidad, es un escándalo.
EL DATO INCÓMODO
En 2025, México lideró América en sarampión, con 6 mil 213 casos y 24 muertes, y encabezó las defunciones por tosferina, con 72. Organismos internacionales atribuyen el brote a la baja vacunación, especialmente en Chihuahua, según datos oficiales regionales.
