En política, cuando alguien insiste en que algo “se fortalece”, casi siempre es porque en realidad lo está debilitando. Eso es lo que está pasando con la desaparición del Inai y la presentación de una iniciativa de Claudia Sheinbaum en materia de transparencia.
El Gobierno federal quiere vender la idea de que su reforma ahorrará dinero y hará más accesible la información pública. Pero lo que realmente propone es un control total sobre los datos públicos.
La nueva propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información no garantiza más apertura, sino más opacidad. Ahora, las dependencias podrán negar información con argumentos tan ambiguos como “paz social” o “seguridad nacional”.
Además, el organismo que supuestamente garantizará el acceso a la información –Transparencia para el Pueblo– estará bajo órdenes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es decir, al propio Gobierno. Juez y parte.
ADIÓS INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tenía un defecto imperdonable a los ojos del oficialismo: era autónomo. Ahora, sus funciones se repartirán entre distintas dependencias gubernamentales, cada una encargada de revisar las solicitudes de información en su propio ámbito.
¿El resultado? Un sistema fragmentado y controlado por el Gobierno federal. Los órganos internos de control de cada dependencia serán los encargados de decidir si una solicitud de información procede o no. Y cuando un gobierno tiene la última palabra sobre qué información se hace pública, la rendición de cuentas se convierte en un juego de intereses políticos.
La reforma suma razones para negarte información. Cualquier documento que comprometa la “paz social” podrá ser reservado. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el gobierno podrá argumentar que revelar datos sobre megaproyectos, gastos de campaña o patrimonio de funcionarios podría generar malestar social y, por lo tanto, no debería hacerse público.
Además, se protege cualquier información relacionada con infraestructura estratégica, telecomunicaciones y proyectos prioritarios. Esto significa que obras como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas o el Corredor Interoceánico podrán ocultar irregularidades bajo el argumento de seguridad nacional.
Los escándalos de sobrecostos y corrupción ya no tendrán pruebas documentales disponibles.
SIN CONTRAPESOS
La reforma también elimina al árbitro imparcial. Antes, cuando una dependencia negaba información, el Inai podía intervenir y exigir que se entregara. Ahora, en el mejor de los casos, los ciudadanos tendrán que recurrir a tribunales especializados.
En teoría, estos nuevos jueces de transparencia podrán tener acceso a información clasificada cuando “resulte indispensable”. Pero en un país donde los jueces enfrentan presiones políticas y presupuestarias, ¿qué garantías hay de que estos tribunales sean realmente independientes?
En el peor de los casos, el ciudadano simplemente se dará por vencido. Sin un organismo accesible que garantice su derecho a la información, la mayoría optará por no solicitarla.
DERECHO A NO SABER
El acceso a la información no es un capricho ni una concesión del gobierno: es un derecho ciudadano. Permite a periodistas investigar, a la sociedad exigir rendición de cuentas y a cualquier persona saber en qué se gastan los impuestos.
Esta reforma no fortalece la transparencia. La debilita. Desaparece un organismo autónomo y lo reemplaza por un sistema que facilita la negativa de información. Se amplían las causales de reserva y se complica el acceso a datos públicos.
En México, la transparencia ya no será un derecho, sino un favor que el gobierno podrá conceder o negar según le convenga.
