Morena admite errores de la reforma judicial

La reforma para reformar la reforma judicial reconoce varios errores del diseño aprobado en septiembre de 2024. Pero no todos, y menos el pecado original. 

Ayer Luisa María Alcalde, ahora consejera jurídica de la Presidencia, presentó los puntos principales en la conferencia matutina de Sheinbaum. 

La propuesta más mediática es mover la elección judicial de 2027 al domingo 4 de junio de 2028. Según Sheinbaum, ya no se trata sólo de costos, sino de la complejidad de organizar esa jornada. 

Es un argumento que no viene solo. Tiempo atrás, consejeros electorales, magistrados y especialistas ya habían advertido que juntar la elección judicial con las intermedias era una locura operativa. 

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EL CÁLCULO

Pero aplazar la elección judicial no tiene que ver sólo con los costos. En 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y muchos cargos locales. 

Meter la elección judicial en ese mismo paquete le complicaría a Morena la operación política. Para ellos, la prioridad será ganar gubernaturas y conservar la mayoría calificada. 

Sin embargo, pese a los cambios, se mantiene la politización en la elección de juzgadores, porque podría empatarse con la revocación de mandato de Sheinbaum. 

Eso pondría boletas judiciales junto a una boleta con el nombre de la Presidenta. Cambiar el año intenta corregir un problema, pero crea otros. 

LOS ERRORES

Otro error reconocido es la falta de criterios confiables para evaluar aspirantes. En el pasado proceso, cada Comité de Evaluación trabajó distinto. Sólo el Poder Judicial puso controles más estrictos. El Congreso tuvo medidas más débiles. Ahora proponen una Comisión Coordinadora para homologar requisitos y exámenes. 

El problema es que esa comisión también puede convertirse en otro nivel de burocracia. Y no basta con homologar criterios si la nominación sigue en manos de órganos políticos controlados por Morena. El filtro principal debería ocurrir antes de definir candidatos, no después de que el partido acomodó sus perfiles. Además, se mantiene la tómbola. 

La propuesta también busca reducir candidatos y simplificar boletas. Eso confirma lo que muchos señalaron en la primera elección judicial. Había demasiados nombres y poco tiempo para analizar sus perfiles. Con ese diseño, los acordeones judiciales encontraron terreno fértil.

Recordemos cómo los ganadores coincidieron con aquellas listas entregadas por operadores políticos. Estos cambios no impiden que suceda de nuevo. 

La reforma también admite el problema de juzgadores electos poco preparados. Ahora plantea capacitación permanente. Pero capacitar después de que fueron elegidos no corrige el problema. El filtro debería ser el proceso de evaluación. Tampoco estos cambios sustituyen a un juez de carrera judicial, algo que no se logra sólo con cursos posteriores a la elección. 

Un error que también admiten es la eliminación de las dos salas de la Suprema Corte, lo que convirtió al Pleno en cuello de botella. Esto provocó que la nueva Corte resolviera menos asuntos porque todo pasó por el mismo embudo. Ahora proponen regresar las salas, pero con el nombre de secciones. 

La reforma de la reforma judicial reconoce varias fallas, pero no arregla todos sus problemas. Tampoco corrige el pecado original. Morena cambió la Constitución para capturar un poder que no se alineaba con el gobierno y terminó politizando aún más la justicia mexicana. Un Poder Judicial independiente y preparado sigue pendiente.

EL DATO INCÓMODO

Pemex nos sigue costando más de lo que aporta. Según datos de México Evalúa, a marzo de 2026 la petrolera entregó 51.7 mil millones de pesos a las finanzas públicas, pero recibió 58.3 mil millones en apoyos federales. El saldo para los mexicanos fue negativo, unos 6.6 mil millones.