Aida Ramírez / Ovaciones
Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro.com
Al inicio de la actual administración, las autoridades anticipaban que al cierre del sexenio la economía crecería al 6.0%, pero ya cercano el final del mismo, las previsiones apuntan a que el crecimiento será de solo una tercera parte de lo previsto, 2.0%, aún con la expectativa favorable del efecto del nearshoring.
Por lo anterior, “es obvia la necesidad de establecer un robusto estado de derecho, claro y sólido que contribuya a generar un ambiente seguro para un mejor y más amplio desarrollo de la actividad económica del país. Asimismo, la obligación de las autoridades es asegurar un proceso electoral transparente y el de los candidatos proponer políticas públicas adecuadas y de largo plazo”, aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP); y no dejó de señalar la necesidad de fortalecer las finanzas públicas para dar estabilidad a la macroeconomía.
En su análisis semanal, adelantó que hasta ahora los pronósticos de crecimiento apuntan a un menor desempeño para el presente y el siguiente año con 2.2% para 2024 y 1.9% para 2025; e incluso, sostiene que el pronóstico promedio para los siguientes diez años se ubica en 2.2 por ciento.
Sin embargo, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), observa que, tras una lenta recuperación posterior a la pandemia, México se ha convertido ahora en un destino significativamente atractivo para la inversión de diversos países por estar ubicado potencialmente en el lugar más favorables del mundo, gracias a la relocalización.
En este entorno, y en medio de un periodo electoral, considera que un objetivo fundamental debe ser fortalecer la estabilidad macroeconómica, poniendo especial atención en acciones que contribuyan a mantener la estabilidad de las finanzas públicas a través de una eficiente asignación de los recursos, pero también del fortalecimiento de las fuentes de ingresos recurrentes y de largo plazo.
Lo anterior “es necesario para la sostenibilidad fiscal, ya que hasta ahora las finanzas públicas y su estabilidad han descansado en mucho en ingresos de una sola vez y en el sólido perfil de vencimientos de la deuda pública. Además, se requieren múltiples acciones que contribuyan a un ambiente de negocios atractivo para la inversión, así como a condiciones propicias para darle seguridad e infraestructura propicia a las inversiones”.
Por ello, el CEESP sostiene que en este contexto las propuestas de campaña deben ser claras, creíbles, concretas y contundentes, sobre todo, cuando estamos experimentando un entorno con niveles significativos de corrupción, impunidad e inseguridad.
Advierte que en un país con un estado de derecho débil es natural que diversos tipos de delitos se incrementen, aunque la preocupación aumenta cuando se percibe que las acciones de las autoridades y propuestas políticas para hacer frente a esta problemática no se coordinan de manera adecuada o no cuentan con recursos suficientes, lo que puede beneficiar más a grupos delictivos que a la población en general.
De acuerdo con el World Justice Project, “Un estado de derecho eficaz reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de injusticias grandes y pequeñas. Es la base de comunidades de justicia, oportunidades, y la paz, sustentando el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto por los derechos fundamentales”.
Pero “lo preocupante es que, sin un combate frontal y exitoso por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, no será posible establecer un ambiente social y de negocios en el que prive la libertad y facilidad de emprender y el incentivo de invertir en busca de mayor utilidad, productividad y beneficio para la actividad productiva y la generación de empleos”.
El CEESP señala que las empresas más grandes pueden contar con medios eficaces de protección frente a la inseguridad pública en forma de delitos, como lo hacen en otros países peligrosos, pero lo grave es que el emprendimiento y la inversión de empresas medianas y pequeñas se ven obstaculizados bajo esa situación.
Pero no descarta que el creciente número de zonas y regiones del país donde el crimen organizado impone su ley sobre el estado de derecho nacional disuada la participación hasta de las empresas multinacionales más grandes; “si ese fuese el caso, las oportunidades de la relocalización de las cadenas productivas se verían desperdiciadas en buena medida”, advierte.
