En el inicio de la discusión, en sede alterna, de la reforma al Poder Judicial (PJ), organismos internacionales de empresas piden “cautela” al Congreso de la Unión por posibles consecuencias internacionales.

En ese sentido, la International Chamber of Commerce (ICC) y su Capítulo en México (ICC México), llamaron a los diputados federales a evitar exacerbar riesgos de violaciones al derecho internacional, que podrían derivar en posibles condenas económicas contra el país que deberán pagarse con los impuestos de todos los contribuyentes mexicanos, además de no desaprovechar el nearshoring.

La ICC global (que representa a 45 millones de empresas en el mundo) y su Capítulo mexicano solicitan al Congreso de la Unión, ser cauteloso ante la propuesta de reforma al PJ, porque “en los términos en que está redactada, podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los tribunales judiciales mexicanos, lo que tendría graves consecuencias para la inversión nacional y extranjera y, en última instancia, para la economía del país y el pueblo mexicano”.

Coincidió con la American Society of Mexico (AMSOC), al observar que México, como Estado soberano, ha asumido compromisos internacionales que obligan a mantener un sistema judicial independiente e imparcial, que permita un Estado de derecho que proporcione certidumbre jurídica, elemento crucial para atraer y retener inversiones extranjeras.

La incertidumbre jurídica que podría derivarse de una politización del Poder Judicial no solo afectaría la confianza de los inversionistas, sino que también generaría un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano, señalaron.

Asimismo, Larry Rubin, presidente de la AMSOC, señaló, que a esta situación se suma la eliminación de los órganos autónomos.

“Se tratan de cambios vitales que impactarán no solo el marco legal interno, sino también la relación comercial y política con nuestros principales socios, en particular con Estados Unidos”, dijo.

Agregó que desde la comunidad americana exhorta al Poder Legislativo a tomarse el tiempo necesario para analizar la reforma judicial ya en discusión y la reforma que afecta a los órganos autónomos.