El Paquete Económico 2026 debe equilibrar la responsabilidad fiscal con una visión de futuro, demandó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al señalar que si bien dicho paquete parte de supuestos más realistas que en años anteriores, “persisten riesgos que pueden debilitar los pilares sociales y limitar el crecimiento productivo“.

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Advirtió que sin el apoyo decidido a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y sin fortalecer los pilares sociales, “México corre el riesgo de frenar su potencial productivo y agravar la desigualdad”.

De ahí que insistió, el crecimiento económico solo será sostenible si se impulsa a quienes generan empleo, invierten y arriesgan, esto es, las empresas.

“Necesitamos un presupuesto que fortalezca el Estado de Derechos, garantice la seguridad, promueva la innovación y asegure que cada peso del gasto público se traduzca en oportunidades reales para las familias mexicanas“, demandó el sindicato patronal en su análisis Señal Coparmex.

El organismo confederado, que encabeza Juan José Sierra Álvarez, afirmó que el paquete económico para el próximo año “mantiene un enfoque asistencial que no fortalece las capacidades productivas del país ni atiende las necesidades de las Mipymes, corazón de nuestra economía. Además, la concentración de recursos en sectores específicos como el energético, deja rezagadas áreas fundamentales como salud, educación, seguridad e infraestructura“.

La Coparmex cuestionó el hecho de que el paquete económico 2026 parta de una proyección de crecimiento entre 1.8% y 2.8%, superior a la expectativa promedio de 1.4 por ciento.

“Si bien factores como el nearshoring o una revisión favorable del T-MEC podrían impulsar la economía, el deterioro de la certeza jurídica derivado de las reformas judiciales, entre ellas las que restringen el amparo, limita el potencial de expansión”.

Por otro lado, sostuvo que si bien el gobierno federal estima ingresos tributarios por 5.8 billones de pesos para el próximo año, un incremento de 6.5% respecto a lo aprobado en 2025, “este escenario parte de un déficit de 4.1% del PIB, sólo ligeramente menor al de 2025. Con ello, la deuda pública alcanzará un máximo histórico de 52.3% del PIB.

“Este nivel de endeudamiento no sería alarmante si los recursos se destinaran a proyectos productivos. No obstante, consideramos que, una vez más, la deuda financiará principalmente gasto corriente y no inversión. El costo financiero ascenderá a 1.6 billones de pesos, con un incremento real de 9.4%, lo que reduce el espacio fiscal disponible para áreas prioritarias.

Por ello, sostuvo la necesidad de que el presupuesto se convierta en un instrumento para el desarrollo productivo y no solo para la administración del gasto; y que la deuda pública, en sí misma, no representa un riesgo si se orienta a proyectos que generen crecimiento, empleo y bienestar sostenible.

De ahí que propone fortalecer a las Mipymes a través de programas de capacitación, digitalización, financiamiento y vinculación con cadenas de valor, reconociéndolas como el motor de la economía mexicana; reorientar la deuda hacia inversión productiva, para infraestructura estratégica, innovación, salud y educación, no al gasto corriente.

Asimismo, se debe elevar la inversión pública al 5.0% del PIB con una planeación que promueva la inversión privada, especialmente en sectores de alto impacto regional; impulsar la participación del sector privado en energía y obras públicas mediante esquemas de inversión mixta que liberen recursos públicos.

Otro punto que considera la Coparmex es, asegurar la eficiencia del gasto público, priorizando programas que mejoren la calidad de los servicios y el bienestar de las familias, además de fortalecer la seguridad y el Estado de Derechos.

“Es urgente reasignar recursos suficientes para la seguridad ciudadana, profesionalizar a las corporaciones policiales, garantizar equipamiento adecuado y fortalecer los sistemas de justicia“, puntualizó el organismo patronal.