La Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República aprobó un dictamen que reconoce el creciente problema de violencia político-electoral en el país y exhorta a las autoridades electorales y de seguridad pública, tanto federales como estatales, a reforzar las estrategias de seguridad para garantizar la protección de los candidatos durante el proceso electoral 2025-2026.
El objetivo, señalaron, es proteger a los participantes en los comicios, garantizar un entorno seguro y asegurar el libre ejercicio del voto.
El dictamen, respaldado por la presidenta de la comisión, senadora Lucía Trasviña Waldenrath, también pide asegurar la protección de funcionarios públicos y ciudadanos, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad democrática y garantizar el libre ejercicio del voto.
El proyecto fue promovido por el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien destacó que la violencia político-electoral sigue siendo un desafío importante, evidenciado por el aumento de casos de 78 en 2020 a 656 en 2024.
Dentro de las argumentaciones, expuso que la seguridad se debe garantizar, ya que se elegirán el 1 de junio de 2025, cuando se elegirán 881 cargos del Poder Judicial y diversas posiciones estatales.
Indicó dentro del dictamen que lo anterior revela que la violencia político-electoral representa un riesgo para los actores involucrados y afecta la confianza de la ciudadanía en el proceso democrático.
Los senadores acordaron fortalecer la coordinación entre las autoridades de seguridad pública y los organismos encargados de los comicios a nivel federal, estatal y local.
El objetivo es garantizar la protección de candidatos, funcionarios electorales y ciudadanos que participen como funcionarios de casilla.
Dentro de los trabajos de la comisión, también se aprobó un dictamen para exhortar a las autoridades federales y estatales a coordinar acciones para la investigación, localización y decomiso de artefactos explosivos improvisados utilizados por la delincuencia organizada.
También se aprobó un punto de acuerdo para que las secretarías de seguridad de las 32 entidades identifiquen y retiren cámaras de videovigilancia y equipos de grabación instalados de manera irregular.
Pide PAN modernizar marco jurídico para las coaliciones electorales y gobiernos de coalición
Por su parte, el senador Marko Cortés con el objetivo de establecer un marco jurídico moderno en materia de coaliciones electorales y gobiernos de coalición, presentó un paquete de iniciativas ante el pleno para que se discutan y aprueben modificaciones a la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos y la expedición de una nueva Ley General de Gobiernos de Coalición.
Entre los principales cambios propuestos, planteó que la normatividad sobre gobiernos de coalición pase de una ley federal a una ley general, lo que haría obligatoria su aplicación en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Además, se busca que la formación de un gobierno de coalición sea obligatoria cuando la elección haya sido ganada bajo esta figura, debiendo registrarse ante el Poder Legislativo en el primer periodo de sesiones para evitar su postergación.
Propuso también que se transparente a la ciudadanía toda negociación política para que la gente conozca, de manera íntegra, por qué proyecto están votando.
