PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro.com

La iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para aumentar las pensiones a trabajadores que se pensionan con base en sus recursos de las Afores, no sólo les pone topes, pues no podrán obtener recursos mayores a los establecidas como salario promedio en el IMSS, sino que basa su fondo semilla en recursos que no podrá tomar, como los provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial, que están protegidos por amparos.

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La iniciativa señala que además de los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, que no podrá utilizar, también el fondeo provendría de los recursos correspondientes a siete organismos autónomos constitucionales y que propone desaparecer y lo cual parece imposible que sea aprobado, por lo que los fondos quedarían de entrada “cojos”.

Y es que el documento, que en principio podría apoyar la oposición, establece que las pensiones de los trabajadores serán equivalentes a 16 mil 773 pesos mensuales, aunque sus ingresos fueran mayores durante su vida laboral.

Además, indica que el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, para compensar a los trabajadores afectados por las reformas del periodo neoliberal.

Este Fondo de Pensiones para el Bienestar, se conformará el 75 por ciento de los recursos netos de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en los supuestos que establezcan los ordenamientos legales aplicables.

A ello se sumará el monto de recursos en numerario que determine el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado derivados del proceso de liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el cual se concentrará en la Tesorería de la Federación, bajo la naturaleza de aprovechamientos.

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También, los ingresos que se obtengan por la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y los montos derivado del cobro de los adeudos que, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales; o de cualesquiera de sus entes públicos.

Asimismo, de los recursos pendientes de pago ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los recursos por la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, garantizando en todo momento la imprescriptibilidad de los recursos propiedad de los trabajadores.

Como aportaciones complementarias están los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los fideicomisos del poder Judicial que se usaban para financiar el mantenimiento de casas habitación y otras extravagancias de jueces, magistrados y ministros que deberán ser entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez que se concluyan los procedimientos legales en curso.

Esto implica que los recursos de estas bolsas son inciertos y además no se aclara que pasará en los años subsecuentes para financiar estas pensiones.