El juez supremo de Perú, Juan Carlos Checkley, emitió una orden de captura nacional e internacional y fijó cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez, quien lleva 18 días dentro de la residencia diplomática mexicana en Lima y afronta desde marzo de 2025 un juicio por rebelión y, de forma alterna, por conspiración tras su presunta participación en la decisión del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso el siete de diciembre de 2022.

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En su resolución, el juez sostuvo que el riesgo de fuga de Chávez es palpable y subrayó que la inasistencia a controles biométricos y audiencias orales acrecentó la posibilidad de frustración del juicio.

La Fiscalía Suprema Anticorrupción afirmó que el fallo confirma la solidez de su imputación por agravio al Estado y mantiene vigente una pena potencial de 25 años de prisión en un expediente que, según la acusación, acreditó actos preparatorios y apoyos funcionales al intento de ruptura constitucional impulsado por Castillo antes de su destitución inmediata.

La permanencia de Chávez en la sede diplomática mexicana detona una nueva fase del conflicto bilateral porque el gobierno peruano definió que el asilo diplomático fue concedido de manera indebida al considerar que ella enfrenta un delito común y no una persecución política.

El gobierno de Perú anunció la revisión de las normas aplicables en la región y la consulta con países de la Organización de Estados Americanos para posponer el salvoconducto que permitiría la salida de la ex funcionaria hacia México.

Perú mantiene rota su relación diplomática con México. El deterioro comenzó tras el asilo otorgado a la esposa e hijos de Castillo en diciembre de 2022, mientras el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el argumento de que existía una reiterada injerencia en asuntos internos.

En paralelo, el primer ministro peruano Ernesto Álvarez negó la posibilidad de un ingreso forzado a la misión diplomática mexicana y argumentó que su país respeta el derecho internacional, lo que contrastó con el antecedente de Ecuador en el caso de Jorge Glas.

Sin embargo, reconoció que la captura de Chávez se convirtió en un asunto prioritario para el Estado peruano, que busca sostener la legitimidad de su proceso penal mientras examina los alcances de la protección diplomática concedida por México en un contexto regional marcado por divergencias institucionales sobre la figura del asilo.