Betssy Chávez. Foto: Reuters La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno peruano confirmó, por medio de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que seguirá respetando la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos mexicanos en Lima, incluidos la residencia oficial, los bienes y los archivos, conforme a las Convenciones de Viena de 1961 y 1963.
Esa decisión representa una garantía indispensable en el contexto de la orden de captura nacional e internacional dictada contra la ex primera ministra Betssy Chávez y de su permanencia en calidad de asilada política, informó la cancillería.
México precisó que, con base en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, reiteró su petición formal de un salvoconducto para que Chávez pueda salir del territorio peruano y ser trasladada a nuestro país.
El procedimiento se ha extendido por 18 días debido a que Perú decidió consultar a países de la Organización de Estados Americanos antes de emitir una respuesta final y porque el gobierno peruano sostiene que el asilo fue invocado de manera indebida al considerar que la acusada enfrenta un delito común y no una persecución política.
En este escenario la posición mexicana se sostiene en la interpretación estricta de la Convención de Caracas, la cual establece protección diplomática a personas perseguidas por motivos políticos, mientras Perú mantiene que la imputación por rebelión y, de forma alterna, por conspiración deriva del intento de golpe de Estado atribuido al expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
La tensión bilateral se profundizó tras la decisión del juez Juan Carlos Checkley de fijar cinco meses de prisión preventiva contra Chávez al considerar palpable el riesgo de fuga por su inasistencia a controles biométricos y por su ausencia en audiencias judiciales, lo que motivó la emisión de órdenes de ubicación y captura en los ámbitos nacional e internacional.
La ruptura diplomática entre ambos países siguió sin variaciones desde que Perú declaró persona no grata a la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el argumento de presunta injerencia en asuntos internos, medida rechazada por México por sustentarse en planteamientos falsos, lo que mantiene congelada la relación al más alto nivel y ha convertido el caso de Chávez en la pieza principal de una disputa más amplia que incluye criterios jurídicos divergentes, reclamaciones mutuas por respeto institucional y la revisión de los tratados de asilo en el sistema interamericano.
