Por momentos, la política mexicana parece empeñada en confirmar que toda mayoría con vocación hegemónica sucumbe a la tentación de modificar las reglas del juego cuando ya está en la Silla del Águila. El llamado plan B de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no escapa a esa lógica. Más aún, la profundiza con vertientes preocupantes que, lejos de fortalecer la democracia, abren grietas en el sistema político.
No se trata de una discusión técnica ni de un ajuste menor. Lo que está en juego es el equilibrio entre poderes, la vigencia del federalismo y la equidad electoral.
Federalismo en riesgo: la austeridad como pretexto
El primer flanco crítico del plan B es su impacto sobre el federalismo. Bajo el argumento de la austeridad y la eficiencia administrativa, la propuesta busca intervenir en la organización interna de Congresos locales, ayuntamientos y regidurías.
El problema no es la austeridad, sino su uso como coartada para uniformar estructuras que deben responder a dinámicas locales. Imponer esquemas desde el poder central equivale a debilitar el pacto federal.
La historia mexicana muestra que cuando el centro intenta “ordenar” a las entidades federativas, el resultado es subordinación, no eficiencia. Además, no hay evidencia sólida de que estas medidas generen los ahorros prometidos. Por el contrario, pueden provocar menor capacidad operativa, concentración de funciones y opacidad.
El federalismo es un contrapeso político, no un lujo administrativo. Debilitarlo implica una apuesta riesgosa.
Revocación adelantada: ventaja indebida
La segunda vertiente es la revocación de mandato adelantada. Aunque se presenta como un mecanismo de participación ciudadana, podría convertirse en una herramienta de ventaja electoral.
Adelantarla implicaría que la Presidenta aparezca en la boleta electoral en un momento clave, generando un efecto de arrastre a favor de Morena en una elección con 17 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados y múltiples cargos locales.
Esto rompe el principio de piso parejo. No puede haber competencia equitativa si el titular del Ejecutivo participa indirectamente en la contienda. El riesgo es estructural, no teórico.
Fisuras en la alianza oficialista
El tema ha generado tensiones internas incluso en el bloque gobernante. Legisladores del Partido del Trabajo han planteado retirar su respaldo al plan B, poniendo en riesgo la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional.
Resulta llamativo que esta fractura política surja sin una presión real para modificar las reglas. El oficialismo ganó con legitimidad y sin crisis que justificara una reforma electoral.
Una reforma sin consenso
Otro punto clave es el origen de la iniciativa, que proviene directamente del Ejecutivo. A diferencia de reformas anteriores, construidas con consensos amplios, esta propuesta rompe con la tradición de acuerdos políticos.
Las reglas electorales deben surgir del consenso, no de la imposición. Cuando el poder redefine el sistema, surge la sospecha de ventaja.
El costo de tensar la cuerda
El plan B no solo enfrenta críticas, también evidencia la tentación del poder de redefinir la competencia política.
Afectar el federalismo y alterar la revocación de mandato impacta directamente en la arquitectura democrática. La pregunta es clara: ¿por qué arriesgar estabilidad, legitimidad y consenso sin una crisis que lo justifique?
En política, no todo lo posible es conveniente. Este plan B, más que una solución, comienza a perfilarse como un problema.
