GABY SALIDO 

Este fin de semana, se cumplió un año del fallido ejercicio de consulta pública del proyecto de Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, a cargo del Instituto de Planeación de la CdMx.

La poca o nula participación ciudadana y el descontento social obligaron a la otrora Jefa de Gobierno a anunciar la suspensión del proceso, mismo que comenzó seis meses atrás.

¿Qué ocurrió después? Con plazos vencidos y nuevos proyectos que se “construyeron” con opiniones del mismo proceso suspendido, hoy sólo quedan cuatro días para que el Congreso se pronuncie.

Al ser un proceso abierto a la ciudadanía, la Constitución asume que todas las opiniones deben atenderse e incorporarse en los documentos de planeación. Sin embargo, no ocurrió.

Mientras la ciudadanía confió en que se repondría el procedimiento, los nuevos proyectos del Plan y del Programa fueron enviados al Congreso.

Si las y los diputados no resuelven en seis meses, señala la Ley que los documentos se entenderán aprobados por afirmativa ficta, es decir, por el silencio u omisión del Congreso.

Las y los ciudadanos ven en esta figura un riesgo: en vez de defender su voluntad ante la omisión legislativa, irónicamente hoy puede aplicar en su contra, ya que los proyectos enviados al Congreso no cubren todos los requisitos de ley.

Desde que los documentos llegaron al recinto de Donceles, el proceso legislativo ha enfrentado contratiempos, comenzando con el retraso de un mes para turnarlos. Por eso la ciudadanía alertaba que fueran discutidos directamente en el Pleno.

Bien dicen que: “No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla”, con proyectos de dictamen distribuidos la semana pasada, hoy el Congreso tiene prevista la sesión de comisiones para analizarlos, votarlos y enviarlos al Pleno para su discusión antes del viernes.

Como si las etapas del proceso de planeación no hubieran enfrentado conflictos, el escenario actual en Donceles no es tan favorable.

La semana pasada no se realizaron las dos sesiones de acuerdo al calendario aprobado, incumpliendo una obligación constitucional.

A eso debemos sumar la discusión del Presupuesto de Egresos de la CdMx para el próximo año 2024, enviado y recibido en el Congreso el jueves pasado, considerando igual que el aprobado para este año, de forma genérica al “instrumento de planeación vigente”.

Una de las obligaciones que impone el Plan General de Desarrollo es orientar el gasto público y la ejecución de recursos para alcanzar sus metas, y, para la fecha en que se discuta el Paquete Económico del próximo año, habrá un nuevo instrumento de planeación vigente. Con o sin afirmativa ficta.

Si en el estudio existe coincidencia no es producto de una premonición, se debe a que hoy, hay quienes dan por hecho esos instrumentos de planeación.

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la CdMx