La diputada María del Rosario Guzmán Avilés, integrante del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro con el propósito de aumentar las sanciones cuando la víctima sea una niña o un niño menor de tres años.

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La propuesta plantea modificar el artículo 10 de dicha legislación para que, en estos casos, la pena de prisión y la sanción económica se incrementen hasta en una mitad tanto en su mínimo como en su máximo. Actualmente, el delito de secuestro se castiga con penas que van de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

En el documento presentado, la legisladora expone que el secuestro constituye uno de los delitos con mayor impacto social, debido a que sus efectos no se limitan a la persona privada de la libertad, sino que se extienden a su familia y a su entorno cercano. Señala que la gravedad del delito se intensifica cuando la víctima se encuentra en la primera infancia, particularmente entre los cero y tres años, una etapa fundamental para el desarrollo físico, emocional y mental.

La iniciativa advierte que durante esos primeros años de vida las niñas y los niños dependen completamente del cuidado de sus madres y padres, ya que requieren atención médica constante, esquemas de vacunación, vigilancia nutricional y cuidados preventivos.

Además, se destaca que en esta etapa el apego cumple una función esencial que va más allá del ámbito emocional, al estar directamente relacionado con necesidades biológicas y de supervivencia.

El texto subraya que la exposición temprana a situaciones de violencia o a eventos traumáticos como el secuestro puede generar consecuencias permanentes y, de acuerdo con diversos estudios citados en la iniciativa, las personas que enfrentan trauma y estrés crónico en edades tempranas presentan una mayor probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, problemas de salud mental, adicciones, así como enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad.

La diputada también presentó los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se revela que entre enero de 2015 y diciembre de 2024, una de cada diez víctimas de secuestro en México correspondió a niñas, niños o adolescentes.

Ante este panorama, la propuesta sostiene que es necesario reforzar el marco legal vigente para imponer sanciones más severas a quienes cometan el delito de secuestro en contra de menores de tres años, en atención a la extrema vulnerabilidad de las víctimas y a la alta peligrosidad que implica este tipo de conductas.