AIDA RAMÍREZ

Foto: Juan José Sifuentes/ El Sol del Centro

El sector empresarial del país se dijo más que preocupado por el Decreto publicado el pasado viernes, que declara de utilidad pública diversas actividades ferroviarias que estaban concesionadas al sector privado en la zona del Istmo, y que pasan ahora a favor de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

“Más allá de la controvertida legalidad de dicho Decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”, indicó el organismo empresarial.

En ese sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que encabeza José Medina Mora Icaza, afirmó que “es de extrema preocupación para el país el clima de reiterada violación a la legalidad y al orden constitucional. Las leyes se crearon para darle orden y cohesión a nuestra sociedad, por lo que es totalmente reprobable que desde la autoridad se pretenda romper con ello”.

Lo anterior, luego del decreto del gobierno federal publicado el pasado viernes, por el que instruyó expropiar parte de las vías de Ferrosur, al declarar la utilidad pública de tres tramos a favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Son los tramos de las líneas Z, ZA y FA referidos en el título de concesión publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de diciembre de 1998 y su posterior modificación publicada en el referido medio de difusión el 29 de noviembre de 2012, a favor de Ferrosur de Grupo México.

Al respecto, el sindicato patronal sostuvo que los primeros en acatar la ley, porque así lo juramentaron, “deben ser los servidores públicos”. Y la señal que envía el gobierno de México al exterior “es muy alarmante y puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y a la confianza para la inversión; sobre todo, frente a una oportunidad única como lo es el nearshoring. La ley es la ley, y la división de poderes debe prevalecer”, advirtió.

La Coparmex reconoció que el manejo de las finanzas públicas ha sido positivo, por lo que estos mensajes erróneos “podrían tirar por la borda esos esfuerzos y acercar a México a una crisis.

“Nuestro llamado es enérgico, es mucho lo que se está poniendo en riesgo. Se trata de los derechos de los mexicanos, se trata de las inversiones que tanto necesita el país para generar empleos y llevar ingresos a las familias, se trata de nuestra democracia. Exigimos que se respete el Estado de Derecho. Exigimos que se acaten las resoluciones de la SCJN”, puntualizó.

En este tenor se pronunció la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Conanaco Servytur), considera que se deben tomar medidas contundentes para detener las expropiaciones arbitrarias que afectan a los empresarios del país.

Afirmó que la propiedad privada es la base fundamental del libre ejercicio empresarial y es esencial para fomentar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo.

Por ello, la Confederación “se posiciona con las empresarias y los empresarios de nuestro país, los verdaderos generadores de riqueza y empleos, a los que representará siempre de manera justa, ética y responsable para encontrar, mediante el diálogo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, una solución que permita retener y atraer la inversión”.

El sábado pasado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se dijo muyu preocupado por el Decreto publicado el pasado viernes, que declara de utilidad pública diversas actividades ferroviarias que estaban concesionadas al sector privado en la zona del Istmo, y que pasan ahora a favor de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

“Más allá de la controvertida legalidad de dicho Decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”, indicó el organismo empresarial.

En un comunicado, la cúpula empresarial recordó que los empresarios han manifestado su plena disposición para dialogar con el gobierno y construir juntos las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional.

Incluso, destacó que ha sido enfático su interés por participar en el proyecto de impulso al sur del país que tanto se necesita.

Sin embargo, “es necesario que para dichos propósitos se procuren condiciones de plena certeza jurídica para seguir fortaleciendo el interés de empresarios mexicanos y extranjeros por invertir en los grandes proyectos nacionales, detonantes de dinamismo, bienestar y empleo”.

Por ello, el CCE reiteró su disposición a mantener el diálogo abierto y profundo para construir y anticipar con certidumbre las mejores definiciones de autoridad que coadyuven a mantener la confianza, así como a fortalecer la inversión, el crecimiento, el empleo y el desarrollo de México.