PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
Diputados federales del PRI, PAN y PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otra acción de inconstitucionalidad contra el Plan B de la reforma electoral, luego de que cada uno de los partidos, por separado, interpusiera otros recursos similares.
El documento solicita invalidar la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa, porque violan el federalismo, la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia.
Además, advierten que falta a la equidad en procesos electorales, pues esta legislación permite a servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato, y atenta contra la transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que ahora los servidores públicos podrán presentar en el momento que decidan sus informes, incluido durante un proceso electoral.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, afirmó que esta reforma viola el proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario. Señaló que, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.
El legislador priista también refirió que es inconstitucional que se eliminen las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.
El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, precisó que este recurso busca la defensa a las instituciones democráticas y en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación.
El coordinador de los perredistas, Luis Espinoza Cházaro, reiteró que es grave el hecho de que el oficialismo violara el proceso legislativo, mediante una aprobación fast track, y con miras hacia una elección de Estado que puede derivar en un conflicto postelectoral.
Por ello, hizo un llamado respetuoso a la Corte para que dé trámite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, toda vez que sería indispensable contar con el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024.
“Tendríamos de aquí al verano de este mismo año 2023 para que quede resuelto y garantizar un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024.
Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”, advirtió.
