La consejera Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que la publicación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos se sustenta en el artículo 135 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece mecanismos para garantizar la alimentación, salud, educación y bienestar de la infancia.

Detalló que quienes figuran en el registro no podrán acceder a cargos de representación popular, obtener pasaportes, salir del país ni realizar trámites notariales mientras no cumplan con sus obligaciones alimentarias.

El registro ya se encuentra disponible en línea para su consulta por ciudadanía, instituciones, empleadores y juzgados, en la página https://deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx y, oara acceder, sólo se requiere el nombre completo y la fecha de nacimiento de la persona buscada.

Cruzvillegas Fuentes añadió que esta acción está respaldada por el artículo 121, fracción novena, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, que permite la publicación de datos personales cuando así lo disponga una ley y exista un interés público.

Subrayó que visibilizar esta información representa un paso fundamental en la transformación de la justicia con enfoque de derechos de infancia y de género.

Durante el evento, la impulsora de la Ley Sabina y fundadora de la Colectiva Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, Diana Luz Vázquez Ruiz, propuso a la jefa de Gobierno la creación de un programa especializado para madres autónomas que enfrentan procesos por pensión alimenticia, con presencia en las 16 alcaldías de la capital.

Señaló que dicho programa debería incluir acompañamiento jurídico y coordinación entre el gobierno local, la Fiscalía y el Poder Judicial para dar seguimiento a cada caso.

“No somos mamás y papás al mismo tiempo, somos mujeres que han sido obligadas a cubrir solas lo que por ley corresponde a dos personas. Necesitamos atención focalizada, seguimiento institucional y sensibilidad para evitar la revictimización”, expresó.

Agregó que el 90 por ciento de los agresores vicarios también son deudores alimentarios, por lo que pidió un enfoque con perspectiva de género al revisar los registros.

Vázquez Ruiz agradeció a las funcionarias que han acompañado esta causa e hizo entrega de un reconocimiento a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Una niña acompañante tomó la palabra para agradecer “por ayudar a las mamás y a los niños para que el deudor pague la pensión”.

Al tomar la palabra, Clara Brugada Molina aseguró que la publicación del registro es un acto de justicia y una herramienta de transparencia y afirmó que su gobierno trabaja con el interés superior de la niñez como principio rector y que las obligaciones alimentarias no son opcionales.

“Los deudores no pueden ser anónimos. Si se mantiene en las sombras, se normaliza la irresponsabilidad. Aquí no hay lugar para la impunidad”, señaló.

La jefa de Gobierno destacó que el sistema de consulta es accesible y eficaz, y reiteró el compromiso de su administración con la erradicación de la violencia económica, la corresponsabilidad en los cuidados y la construcción de una ciudad más justa e igualitaria.

“Es tiempo de justicia para las mujeres, para las niñas, niños y adolescentes. Esta ciudad seguirá siendo referente nacional en la defensa de sus derechos”, concluyó.