El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar señalaron que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 asigna 658 millones de pesos a la partida de Ayudas Sociales a Personas, monto que debería ser de 909 millones de pesos, equivalente al 0.014 por ciento del gasto programable.

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Las organizaciones, por lo anterior hicieron un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar las modificaciones necesarias al PEF 2025 para cumplir con el mínimo presupuestal establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y evitar afectaciones a los derechos de las víctimas.

Señalaron que, de aprobarse el presupuesto en sus términos actuales, se pondrían en riesgo medidas esenciales como el pago de gastos funerarios de personas privadas de la vida en circunstancias arbitrarias y los traslados y hospedajes de familiares de personas desaparecidas que participan en búsquedas o diligencias.

A través de un comunicado advirtieron que el presupuesto total asignado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para 2025 tendrá una disminución del 3.6 por ciento en términos reales, mientras que la partida específica de Ayudas Sociales, que contempla medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral, sufrirá una reducción del 0.4 por ciento.

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Reiteraron que la asignación vulnera la resolución emitida por la SCJN el 21 de agosto de 2024 en el juicio de amparo 675/2022, en donde ordenó en la sentencia que los recursos destinados a la atención y reparación integral de víctimas no pueden ser inferiores al 0.014 por ciento del presupuesto programable del año anterior ni redirigidos a otros fines.

La resolución respondió a la eliminación de la fracción I del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, la cual garantiza un mínimo presupuestal irreductible para la atención de víctimas.

La Corte, señalaron, concluyó que la reforma violaba el principio de progresividad en materia de derechos humanos, lo que implicaría un retroceso en los derechos ya conquistados por las víctimas.