AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro.com

Con la economía creciendo y las finanzas públicas debilitándose, la política fiscal adecuada no es la expansiva, como es el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 aprobado, y ello aun sin considerar el gasto que se erogue para atender la emergencia y la reconstrucción en Acapulco y otras localidades.

“En estas circunstancias, el próximo gobierno recibirá una situación de finanzas públicas muy débil, con ingresos frágiles, una deuda sustancial cuyos efectos se presentarán más y más con el tiempo, con un gasto elevado y con fuerte inercia y sin márgenes de maniobra”, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis semanal, acusó que la aprobación del PEF 2024 por los diputados responde a criterios políticos, pero adolece de diversos problemas y deficiencias, que en su mayoría ya había advertido el organismo dependiente del sector privado.

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“Principalmente, endeudamiento público demasiado alto, falta de previsiones para atender la emergencia en Acapulco y otras zonas como consecuencia del huracán Otis, ausencia de transparencia en el uso de los recursos públicos y un presupuesto expansivo con riesgos asociados a la dinámica lenta de los ingresos del erario y fuerte aumento de sus gastos”.

En su análisis, señaló que “el endeudamiento no es responsable desde las perspectivas económica y jurídica. Es muy elevado, supera a la inversión y por ello es anticonstitucional”, de ahí que, aseveró, la conveniencia política y electoral del PEF no se justifica, “lo responsable socialmente sería asegurar los fondos para emergencia y la reconstrucción”.

Recordó que el presupuesto aprobado para 2024 es equivalente a 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda del sector público habrá crecido 59% comparando 2024 con 2018. El costo financiero de la deuda alcanza ya 3.4% del PIB al cierre de este año y equivale a la cuarta parte de la recaudación de impuestos.

Más allá de su nivel y su costo, se afirmó que el endeudamiento público de esta administración habrá superado la inversión pública, “lo que contraviene la buena práctica de la política fiscal -que la deuda pública sólo se use para financiar inversión productiva que genere su propio pago-.

“En 2024 en particular, el incremento en la deuda que se aprobó alcanza mil 906 miles de millones de pesos y supera a la inversión pública presupuestada para ese año de 889 mil millones de pesos. Ello es anticonstitucional. El artículo 73 fracción VIII establece a la letra que: Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

“Los problemas asociados al endeudamiento público se agravan debido a que las inversiones públicas no tienen indicios de ser rentables (socialmente) y, siendo el caso, requerirán de subsidios injustificados y desconocidos en años futuros”, señaló el CEESP.

Por otro lado, sostuvo que el PEF no incluye erogaciones para la emergencia y reconstrucción asociadas al huracán Otis; y mientras que el gobierno ha estimado que el costo del desastre podría situarse en 61 mil millones de pesos, otras agencias lo estiman en más de 270 mil millones de pesos.

Para atender esta necesidad de gasto público están los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) remanentes de 2023 que alcanzan poco más de 13 mil millones de pesos, así como su presupuesto para el siguiente año de unos 18 mil millones de pesos, “recursos que son claramente insuficientes”.

De ahí que, al no haber presupuestado más fondos para las necesidades relacionadas con el huracán, “sólo quedaría la posibilidad de utilizar excedentes por ingresos petroleros para ello se podría contar con el posible excedente de noviembre-diciembre de este año -unos 12 mil millones de pesos-, así como el de 2024, que podría alcanzar alrededor de 160 mil millones de dólares, pero que es naturalmente incierto”, cuestionando además, la transparencia de la procedencia real de los recursos de los dispondrá el gobierno federal para la reconstrucción.

Tras lo anterior, puntualizó que “este proceder no es socialmente responsable por la falta de seguridad, la incertidumbre, de los ingresos petroleros excedentes”.