El acceso a una vivienda digna como condición indispensable para la salud mental y la vida en comunidad fue el eje del foro “La salud mental comienza con la vivienda”, realizado en el Senado de la República, donde se planteó la urgencia de replantear el modelo de atención que hoy enfrenta la población con discapacidad psicosocial en el país.

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Al inaugurar el encuentro, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora, del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que la falta de un hogar adecuado no es un problema secundario dentro de la política social, sino uno de los principales obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos humanos de este sector de la población.

La legisladora expuso que, en México, miles de personas con discapacidad psicosocial permanecen en hospitales psiquiátricos o en residencias colectivas sin alternativas reales para decidir dónde vivir ni con quién compartir su vida cotidiana. A su juicio, este esquema de institucionalización prolongada limita la autonomía personal, rompe vínculos comunitarios y frena cualquier posibilidad de inclusión social.

Señaló que esta práctica también contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, en particular los derivados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2008, cuyo artículo 19 reconoce el derecho de todas las personas a vivir de manera independiente y a ser incluidas en la comunidad.

Durante su participación, Toledo Zamora subrayó que el problema no es invisible ni desconocido. Recordó que diversas organizaciones civiles y colectivos especializados han documentado, durante años, las condiciones en las que operan muchos espacios de internamiento, entre ellas la sobreocupación, la ausencia de atención especializada y prácticas que afectan directamente la dignidad de las personas usuarias.

Mencionó, en ese sentido, el trabajo de Disability Rights International, Orgullo Loco México y de colectivos que acompañan a personas en situación de calle, cuyas investigaciones y testimonios han puesto sobre la mesa una realidad que, dijo, no puede seguir considerándose normal dentro de los sistemas de salud y asistencia social.

La senadora sostuvo que hablar de salud mental implica ir mucho más allá del tratamiento médico o del diagnóstico clínico; explicó que las condiciones materiales de vida, la posibilidad de contar con redes de apoyo y el acceso a entornos seguros son factores determinantes para la estabilidad emocional y el bienestar de las personas con discapacidad psicosocial.

Advirtió también que, ante la falta de políticas públicas eficaces, son las familias las que terminan absorbiendo, casi siempre en soledad, los costos económicos, el desgaste emocional y la carga cotidiana de cuidados, sin acompañamiento institucional ni esquemas de apoyo sostenidos.

En el foro, en el que también participaron los senadores Paloma Sánchez, Claudia Anaya Mota, Mely Romero Celis, Ángel García Yáñez y Rolando Zapata Bello, coincidieron en la necesidad de colocar de manera explícita en la agenda legislativa la relación entre vivienda, salud mental y apoyos para la vida independiente.

Al cerrar el encuentro, Toledo Zamora afirmó que el Senado debe asumir un papel activo frente a esta problemática y abrir un proceso de revisión legal y de diseño de políticas públicas que permita transitar hacia modelos de vivienda con apoyos, inclusión comunitaria y respeto efectivo a la dignidad de las personas con discapacidad psicosocial, con la participación directa de la sociedad civil y de quienes viven esta realidad.