Ante el registro de dos mil 434 casos confirmados de sarampión, más de cinco mil 400 sospechosos y nueve defunciones, de las cuales, cinco se registraron en menores de edad, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República presentó una proposición con punto de acuerdo para exigir al Gobierno federal una respuesta “urgente, eficaz y coordinada” frente a lo que especialistas ya consideran una emergencia sanitaria nacional.

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La propuesta fue turnada en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y publicada en la Gaceta Parlamentaria, el PRI advirtió sobre un colapso en la estrategia nacional de salud pública, al señalar que el brote iniciado en marzo de 2025 concentra el 93 por ciento de los casos en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con el documento, el 92.3 por ciento de las personas contagiadas no contaba con ninguna dosis de la vacuna contra el sarampión, lo que, considera, pone en evidencia la caída en las coberturas de vacunación y la ausencia de vigilancia epidemiológica.

El grupo parlamentario, coordinado por el senador Manuel Añorve, sostiene que las acciones del Gobierno federal han sido insuficientes, tardías y desarticuladas.

“El sistema inmunológico colectivo de la población se ha debilitado peligrosamente. No hay personal suficiente, no hay insumos, no hay coordinación ni visión de Estado. Se está jugando con vidas humanas“, se advierte en el documento.

En su proposición, el PRI solicita que se refuercen de inmediato las campañas nacionales de vacunación contra el sarampión, que se garantice el suministro de insumos médicos en todo el país, que se implemente un sistema emergente de vigilancia epidemiológica con presupuesto suficiente, y que se diseñe una estrategia nacional interinstitucional con atención prioritaria a las entidades más afectadas.

El grupo parlamentario advierte también que, de no tomarse medidas extraordinarias, el brote podría escalar a una crisis de salud pública con consecuencias graves.

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“Las vacunas existen. Lo que no existe es la voluntad política, la capacidad operativa ni el sentido de urgencia en el Gobierno federal“, se señala en el punto de acuerdo.