PRI propone eliminar cobros por titulación y cédula profesional a estudiantes con alto promedio

La iniciativa busca evitar que egresados con 8.5 o más de calificación enfrenten obstáculos económicos para incorporarse al mercado laboral


Grupo Parlamentario del PRI
Foto: Cuartooscuro

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado presentó una iniciativa que busca eliminar los costos por trámites de titulación en instituciones de educación superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), así como exentar del pago de la cédula profesional a quienes concluyan sus estudios con un promedio general de 8.5 o más.

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La propuesta, inscrita en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tiene como objetivo evitar que los egresados enfrenten obstáculos económicos al finalizar su formación académica.

De acuerdo con el senador Manuel Añorve Baños, coordinador del grupo parlamentario del PRI, los costos asociados a la titulación y la obtención de la cédula profesional pueden superar los cinco mil pesos en instituciones públicas y alcanzar hasta 25 mil pesos en universidades privadas.

“Estamos hablando de estudiantes que ya cumplieron con sus estudios y que, sin embargo, enfrentan un cobro adicional para titularse o incorporarse al mercado laboral“, señaló.

La iniciativa propone prohibir el cobro de trámites relacionados con la titulación, como son las actas, revisión de tesis o expedición del título en universidades con RVOE otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y establecer la gratuidad de la cédula profesional para quienes obtengan un promedio igual o superior a 8.5.

Añorve Baños argumentó que se trata de una medida con impacto social y económico.

“Facilitar el ingreso al empleo formal no representa un gasto, sino una inversión. Se promueve la inclusión laboral, se fortalece la economía formal y se reducen los índices de informalidad“, explicó.

La iniciativa contempla también que la SEP emita lineamientos operativos en un plazo máximo de 90 días, y que las instituciones de educación superior adecuen sus reglamentos internos en un lapso no mayor a 120 días.

Señaló que “el derecho a la educación no concluye en el aula sino cuando el egresado puede ejercer su profesión sin barreras económicas”, al considerar que la propuesta contribuye a que se tenga una educación más equitativa y accesible.