En una audiencia que se prolongó por más de seis horas, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR logró la imputación de cargos graves contra el alcalde de Tequila, Diego “N”. El edil es señalado por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

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Junto al alcalde, también enfrentan el proceso legal el Comisario de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa, y el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio Villarreal. Según las investigaciones federales, los funcionarios habrían utilizado su poder para eliminar la competencia política mediante métodos violentos.

El “Modus Operandi”: Tortura para forzar renuncias electorales

Los hechos que hoy tienen al alcalde tras las rejas se remontan al 24 de marzo de 2021. La acusación detalla una trama de terror diseñada para despejar el camino electoral de Diego “N”.

Las víctimas, Guillermo “C” (entonces precandidato de Morena) y su suplente, Julio Alejandro “G”, fueron privadas de su libertad bajo un esquema de extrema violencia:

• La emboscada: Guillermo fue citado en el restaurante “La Posta”, donde sujetos armados lo capturaron.
• Casa de seguridad: Fue trasladado a un lote baldío y posteriormente a un domicilio en la colonia Obrera, donde sufrió tortura física.
• Coacción: Bajo golpes, fue obligado a citar a su suplente para que ambos fueran retenidos y forzados a firmar sus renuncias ante el órgano electoral.

Tras obtener las firmas de renuncia, las víctimas fueron liberadas en la colonia Infonavit, logrando así que Diego “N” no tuviera oposición de peso en la contienda.

Situación Legal: Entre Almoloya y Chiapas

El Juez de Control Mario Elizondo Martínez, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, determinó que existen elementos suficientes para dictar la prisión preventiva a los tres implicados.

Llama la atención la logística de la audiencia: mientras el alcalde compareció de manera presencial, el Comisario y el Director de Catastro lo hicieron vía remota desde el Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, donde permanecerán recluidos por seguridad.

¿Qué sigue en el caso?

La defensa de los imputados se acogió al término constitucional, por lo que la situación jurídica se definirá el próximo martes a las 10:00 horas. En dicha audiencia de vinculación a proceso, el juez determinará si las pruebas de la FGR son contundentes para iniciar un juicio formal que podría mantener al alcalde en prisión por décadas.