Una delegación del Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano acudió al Palacio de Cobián para una mesa que se prolongó durante varias horas con autoridades de la Secretaría de Gobernación, en un contexto de movilizaciones estatales motivadas por el rechazo a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Aguas Nacionales y dar paso a una Ley General de Aguas que, según los productores, debe proteger el uso agrícola y establecer reglas claras para zonas de presión hídrica.

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El encuentro estuvo encabezado por dirigentes del transporte y del sector productivo como David Estévez Gamboa, de la ANTAC; Heraclio “Yako” Rodríguez, representante de productores en Chihuahua, y Baltazar Valdés Armenta, dirigente agrícola en Sinaloa, quienes acudieron junto a otros delegados que impulsaron la organización nacional del Frente y solicitaron una interlocución directa con el gobierno federal para exponer su inconformidad con los cambios propuestos al régimen jurídico del agua.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, abrió un espacio para retomar los trabajos pausados un día antes, luego de que los productores denunciaron que las reformas hídricas requieren garantías para el campo y sostuvieron que las concesiones, los distritos de riego y los derechos de uso deben ser revisados con criterios territoriales que reconozcan la presión climática y el deterioro de cuencas que afectan de forma directa la estabilidad económica de los agricultores en estados del norte y del Bajío.

Baltazar Valdés sostuvo que la mesa avanzó poco en la agenda agrícola, al destacar que no hubo definiciones en temas como precios de garantía, protección de cosechas y políticas integrales para aumentar la seguridad productiva.

El dirigente agrario aseveró que la interlocución deberá sostenerse con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, para evitar que la reforma hídrica progrese sin una respuesta institucional a las demandas acumuladas del sector.

Los representantes del Frente señalaron que la revisión del articulado propuesto por el Ejecutivo tendrá que contemplar obligaciones específicas para equilibrar prioridades entre consumo humano y uso agrícola, pues advirtieron que la iniciativa centraliza atribuciones sin garantizar espacios para la participación de productores en regiones donde el estrés hídrico pone en riesgo los ciclos de siembra.

La tensión aumentó después de que senadores de Morena y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, rechazaron recibir a los dirigentes del movimiento, lo que forzó a PAN y PRI a abrir una mesa alterna en la Cámara de Senadores.

Sin embargo, el Frente consideró indispensable que la discusión legislativa avance con información técnica que demuestre el impacto que cualquier ajuste legal tendría sobre comunidades que dependen de la producción primaria en zonas de vulnerabilidad hídrica.

Las movilizaciones registradas en diversos estados evidenciaron el descontento del sector frente al avance legislativo de la reforma, y el Frente sostuvo que la centralización de decisiones puede afectar a distritos donde los agricultores dependen de pozos y fuentes superficiales cada vez más vulnerables por sequías prolongadas.