La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evalúa sanciones de gran escala contra plataformas de reventa por abusos en precios y prácticas opacas, además de multas a empresas boleteras por incumplir reglas de transparencia en conciertos de alta demanda, tras denuncias ciudadanas y monitoreo en redes.

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Iván Escalante, titular de la dependencia, informó que la multa podría alcanzar hasta 400 millones de pesos contra plataformas de reventa por prácticas abusivas, luego de un incremento sostenido de precios y múltiples denuncias de consumidores por afectaciones económicas en espectáculos de alta demanda.

Explicó que la reventa carece de un marco federal específico, pero la ley sí permite sancionar abusos contra consumidores, por lo que la autoridad avanza en notificaciones electrónicas a plataformas que operan en México aun sin estar radicadas en el país.

En paralelo, Escalante adelantó que Ticketmaster enfrenta un procedimiento por incumplir obligaciones de transparencia en la venta de boletos del grupo BTS, con una multa que podría ascender a más de cuatro millones de pesos por omisiones en precios totales y mapas de asientos.

El funcionario precisó que la sanción considera criterios como gravedad de la infracción, daños causados, reincidencia, capacidad económica e intención, y advirtió que la multa se aplicaría cada vez que se acredite una falta similar en otros conciertos.

Desde la óptica regulatoria, Profeco trabaja lineamientos para ordenar la industria de conciertos, obligando a las boleteras a publicar 24 horas antes los precios totales y el mapa exacto de localidades, incluidos cargos, paquetes y áreas generales, para garantizar un periodo de reflexión previo a la compra.

Ese esquema busca frenar la opacidad asociada a precios dinámicos y cargos sorpresivos, al exigir que el consumidor conozca de antemano cuánto pagaría y por qué asiento, evitando decisiones precipitadas por urgencia o escasez artificial.

Escalante subrayó que la publicación anticipada de precios ataca la especulación y alinea la venta con principios básicos de información clara, práctica ya prevista en la ley pero incumplida de forma recurrente por el sector.

Descartó por ahora un tope de precios al no existir regulación vigente que lo permita, aunque dejó abierta la discusión para analizar alternativas legislativas que contuvieran excesos sin distorsionar el mercado cultural.

El funcionario sostuvo que el daño acreditado y la reincidencia determinarán el monto final de las sanciones, y confirmó que el seguimiento se mantiene caso por caso, con base en denuncias, monitoreo digital y verificación administrativa.