PATRICIA RAMÍREZ
Ante las dificultades que enfrentan personas con discapacidad y sus familiares para hacer diversos trámites en la Ciudad de México, la diputada local Elizabeth Mateos Hernández propuso acreditar la discapacidad mediante una credencial, sin necesidad de poner a la vista otro documento.
La legisladora local explicó que en México más de 6 millones de personas cuentan con algún tipo de discapacidad y para ellos, realizar cualquier tipo de trámite representa una odisea, debido a la cantidad de papeleo que deben presentar para avalar su condición.
La coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, detalló que se busca armonizar el texto normativo para establecer metodologías claras respecto a la operación y actualización del Registro de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, a fin de generar certeza para un sector vulnerable, que en México se contabiliza, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, a 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo cual representa 4.9 por ciento de la población total del país, donde 47 por ciento son hombres y 53 por ciento mujeres.
Para ello, planteó reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.
Insistió en que es importante establecer estrategias que beneficien la inclusión, como lo es la obtención de una fotocredencial, la cual sirva para acreditar la discapacidad sin la necesidad de presentar algún otro documento y sólo en caso de que dicha condición sea permanente, no se deba renovar, a excepción de robo o extravío, detalló la legisladora.
Añadió que, en México existe una gran cantidad de personas con alguna discapacidad, física o motora, sensorial, intelectual o psíquica, cuya atención resulta prioritaria para el Estado e inclusive, la sociedad.
Desafortunadamente, las personas con alguna discapacidad son excluidas de la vida social, económica y política de la comunidad, ya sea por la estigmatización directa o por la falta de consideración de sus necesidades en el diseño de políticas, programas y servicios públicos, de ahí la urgencia de contar con estrategias que permitan garantizar su inclusión, así como facilitar el pleno uso y goce de sus derechos, concluyó Elizabeth Mateos.
