PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
Diputados federales propusieron crear una Alerta de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes y la implementación de mecanismos de respuesta inmediata para la atención, sanción y erradicación de la violencia infantil.
La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza presentó una iniciativa también suscrita por el grupo parlamentario del PAN, que define la Alerta como el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales, realizadas entre las diversas autoridades para establecer medidas que articulen la identificación, detección, atención, prevención y reducción de los principales factores de violencia contra niñas, niños y adolescentes, para garantizar una respuesta rápida y eficaz de las diferentes autoridades del Estado.
La declaratoria de Alerta deberá presentarse al Gobierno Federal a través de la Procuraduría Federal de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Para su levantamiento, se deberá acreditar fehacientemente su cumplimento, mediante la incorporación en las políticas públicas o legislación, y/o de la disminución sostenida de la violencia identificada.
En su argumentación refiere que, de acuerdo con la organización Save The Children, en 2021 se cometieron en México más de 27 mil 772 delitos contra este sector: dos mil 450 homicidios (siete diarios), más de 107 feminicidios de niñas y adolescentes (nueve al mes) y 13 mil 758 lesiones. En tanto que, al primer trimestre de 2022, hubo 595 homicidios y aumentaron 83.52 por ciento los reportes de violencia familiar.
Gómez del Campo agregó que México está en deuda con las niñas, niños y adolescentes, porque las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre ellas y ellos no deben tolerarse ni por instituciones gubernamentales ni por la sociedad.
Con ello se busca establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con el fin de garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes.
De igual forma, proponer acciones conjuntas para su prevención, atención y sanción y para ello, destaca la necesidad de monitorear, identificar y advertir oportunamente los riesgos de violencia; propiciar escenarios de información pública sobre las acciones y logros frente a riesgos y situaciones relacionadas, así como unificar y coordinar estrategias con todas las entidades federativas, para lograr mayor eficacia.
Gómez del Campo señaló que la alerta se emitirá cuando exista un contexto de violencia contra niñas, niños y adolescentes, caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en un territorio.
También cuando existan omisiones documentales y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus objetivos en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes.
Su trámite se podrá iniciar a solicitud de organismos públicos autónomos o internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil o grupos de familiares de víctimas.
Asimismo, a partir de la identificación por parte del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y del incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones de sus derechos fundamentales.
