CIUDAD DE MÉXICO, 12DICIEMBRE2023.- Votación del grupo parlamentario del PRI, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se aprobó la instalación de una Comisión de Trabajo en materia de días de descanso laboral, y ratificación del nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la C. Grisel Galeano García, como Procuradora Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM PATRICIA RAMIREZ
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La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para regular a las casas encuestadoras que participan en las mediciones de preferencias durante los procesos electorales, para que sean revisadas seriamente en cuanto a su metodología y la transparencia de sus ingresos.
Los diputados priistas Rubén Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante propusieron crear un registro nacional de personas físicas o morales que quieran participar en el proceso electoral a través del levantamiento y publicación de encuestas o sondeos de opinión.
“Es necesario regular el tema de las encuestas o sondeos de opinión, porque puede resultar en un asunto que genere violencia electoral, pues la no regulación y la elaboración tendenciosa pueden alterar los resultados de una elección federal o local, afectando directamente en la intención del voto de las personas”, aseguró Mendoza.
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La diputada Sue Ellen Bernal, a nombre de los diputados proponentes, señaló ejemplos documentados en la propuesta de Moreira Valdez y Mendoza Bustamante, que, en el proceso electoral de 2022, específicamente para la gubernatura del Estado de México, se publicaron varias encuestas “patito” con números distorsionados, de acuerdo con una investigación realizada por medios periodísticos.
Detalló que una de las casas encuestadoras que se encargó de hacer los sondeos, explicó que la manera de operar es aparentemente sencilla: el interesado contacta a la encuestadora, le paga el monto pactado y ésta realiza sondeos en los que la o el aspirante va igual o mejor que sus contrincantes, aunque en la realidad los hechos sean distintos.
Por ello, en la iniciativa exponen que no hay una regulación que limite a las personas físicas o morales para que emitan encuestas que puedan resultar tendenciosas.
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La propuesta remarca la necesidad de blindar a la opinión pública de aquellos que buscan utilizar la información para influir en la preferencia política de las personas que participen en una contienda electoral. Asimismo, busca que se promueva la diversidad y la calidad de las encuestas, garantizando su imparcialidad y rigor metodológico, y que además se sancione a quienes publiquen encuestas sin estar registrados.
En ese sentido, Rubén Moreira y Marco Mendoza buscan que se adicionen diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de encuestas y sondeos de opinión.
