Diputados federales analizan castigar con pena de siete a 12 años de prisión y de 800 a 2 mil días multa, a quien, mediante el uso de inteligencia artificial (IA), técnicas digitales para la manipulación de imagen, voz, audio o video, o cualquier otra tecnología similar, genere, altere, simule o reproduzca contenido que represente actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales.

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El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis precisó que su iniciativa, que adiciona los párrafos cuarto y quinto al artículo 202 del Código Penal Federal y fue turnada a la Comisión de Justicia, plantea sancionar con las mismas penas a quien almacene, distribuya, publique, difunda, comercialice, transmita o intercambie contenido generado o manipulado en los términos del párrafo anterior, por cualquier medio físico, electrónico, digital o tecnológico.

El artículo vigente establece el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, por lo que es indispensable adecuar el Código Penal Federal para sancionar de manera específica a quienes empleen inteligencia artificial con fines de explotación o abuso sexual infantil.

El legislador del PVEM advirtió que el acelerado avance de las tecnologías ha permitido la creación de contenidos digitales hiperrealistas, capaces de simular imágenes, videos o audios con apariencia verídica, lo cual representa una amenaza grave para la protección de la infancia, ya que facilita la producción y difusión de material sexualmente explícito que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, normalizando la violencia sexual.

Argumentó que es indispensable que el Estado mexicano asuma un papel activo y preventivo en la regulación del uso de la inteligencia artificial, estableciendo límites claros, sanciones y mecanismos de supervisión tecnológica, con el fin de proteger de manera efectiva a la niñez y adolescencia frente a los riesgos emergentes del entorno digital.

Y es que, insistió el diputado, se han incorporado tecnologías avanzadas para eludir la responsabilidad criminal, detección y ampliar su alcance, lo que plantea un reto urgente para los Estados en materia de cooperación internacional, ciberseguridad y actualización legislativa.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, el problema no solo radica en la producción y difusión de esos contenidos, sino en la peligrosa normalización social del abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, y la circulación y consumo de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial.

Lo anterior contribuye a la desensibilización colectiva y abre la puerta a que esos ilícitos sean tolerados, minimizados o replicados en la realidad, lo que provoca un entorno de inseguridad y vulnerabilidad para la infancia, precisó.