Con el propósito de garantizar un mejor futuro a los menores que se encuentran en reclusión debido a que sus madres se encuentran privadas de su libertad, la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Verónica Martínez García, presentó una propuesta para que puedan estar con ellas hasta los tres años.
Argumentó que, al modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se podrán otorgar mejores condiciones de desarrollo a los niños que nazcan mientras sus madres están en prisión y eliminar así todo riesgo que amenace su futuro.

Y es que, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la cantidad de niñas y niños que permanecen bajo estas condiciones es variable año con año, pues de acuerdo con, ese año había 344 niñas y niños; en 2022, 346; en 2021, 343; en 2020, 128; 2019, 362, mientras que en 2018 fueron 436.

Indicó que, de acuerdo con los datos del Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay centros penitenciarios en los que no se permite la estancia de población infantil en su interior, sin embargo, entidades como Guerrero, concretamente en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, transgreden el principio del interés superior de la niñez, al permitir en sus centros penitenciarios la estancia de niñas y niños de 8 años y en otros a menores de 12 años.

Advirtió que, de continuar así, “se tiene el riesgo de generar un verdadero problema social que puede magnificar en pocos años al estar expuestos a un ambiente penitenciario y en contacto directo con diversos factores criminógenos, además de crearles alteraciones en el aspecto psicológico”.

Martínez García indicó que los menores de edad que crecen en un centro penitenciario, desde temprana edad “estarían expuestos a situaciones de constante violencia, hacinamiento, insalubridad, o circunstancias inadecuadas, por lo que a pesar de que se encuentren resguardados con su madre, el ambiente en que se desarrollarán es sumamente dañino, máxime si ya cuentan con una edad en la que puedan percibir conscientemente dichas circunstancias frecuentemente”.

La iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 10, 44 y 116 del citado ordenamiento, establece que en el caso de las niñas y niños que permanezcan con su madre privada de la libertad en algún centro penitenciario, podrán hacerlo hasta que cumplan los tres años, por lo que la separación se realizará en forma gradual y bajo la supervisión de un especialista en psicología.

En el documento señala que el especialista, dentro de sus funciones, deberá también emitir un dictamen en el que se recomiende la realización de un régimen de visitas y convivencia entre el menor de edad y su madre interna durante los días de visitas familiares, en donde se establezcan términos para que en todo momento se garantice el vínculo emocional entre ambos.
En cuanto a la custodia, una vez que sean separados de sus mamás, sería otorgada a un familiar que designe la madre y en caso contrario sea enviado a un albergue de la Fiscalía General de la República o de la respectiva entidad federativa, según el caso.

En caso de que no sea ninguna de las dos opciones anteriores, sería entregado a alguna organización de la sociedad civil que cuente con una certificación emitida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la cual tendrá la responsabilidad de continuar con la atención psicológica recomendada, lo cual deberá ser coordinado con quien tenga la custodia del menor de edad.

La legisladora señala también en la iniciativa que, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, durante la estancia de los niños en algún centro penitenciario, “en todo momento deberán recibir una alimentación adecuada, atención pediátrica, y contar con los espacios que permitan su recreación y actividades didácticas, como parte de su sano desarrollo, velando por el interés superior de la niñez”.