El diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Partido Acción Nacional, propuso, a través de una iniciativa, reformar el artículo 151 de la Ley General de Educación y el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objetivo de regular el cobro de cuotas por servicios educativos en instituciones privadas.

La propuesta establece que los particulares que presten servicios educativos podrán cobrar una cuota por inscripción únicamente a los alumnos de nuevo ingreso y una sola vez al inicio de cada nivel educativo. Sin embargo, se prohíbe el cobro de cuotas por reinscripción o conceptos similares a estudiantes que continúen sus estudios de forma ininterrumpida en la misma institución.

Se busca que las autoridades correspondientes supervisen que las instituciones educativas privadas no incrementen los costos de sus servicios sin apegarse a las disposiciones legales ni cobren cuotas por reinscripción. En caso de incumplimiento, las autoridades deberán informar a las instancias competentes para que se tomen las medidas necesarias.

La reforma al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor otorgaría a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de estas disposiciones en el ámbito de los servicios educativos privados.

El legislador explicó que esta medida busca aliviar la carga económica de las familias, quienes enfrentan un esfuerzo financiero significativo debido a la acumulación de pagos por inscripción o reinscripción, colegiaturas y otros gastos escolares como útiles, libros y uniformes.

Además, argumentó que la iniciativa podría beneficiar a las instituciones educativas privadas al fomentar un aumento en su matrícula, dado que la eliminación de cuotas por reinscripción podría atraer a más estudiantes y generar mayor confianza entre los padres de familia.

La propuesta aclara que la inscripción corresponde al proceso inicial de registro de un estudiante en el sistema educativo nacional, mientras que la reinscripción es un trámite administrativo para continuar en el mismo programa educativo en períodos escolares posteriores a la inicial.

El diputado señaló que, aunque las escuelas privadas operan como empresas con autonomía financiera, están sujetas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que regula sus obligaciones y protege a los usuarios contra cobros indebidos. Con estas modificaciones al marco legal, se busca beneficiar a la economía familiar y fortalecer la regulación en el sector educativo privado.