Foto: Cuartooscuro Acerca de la propuesta del Partido Republicano de aplicar un impuesto de 5% a las remesas que los mexicanos envían a sus familiares en nuestro país, y que se discute actualmente el Senado de Estados Unidos, Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que con esta acción se incumpliría el Tratado para Evitar la Doble Tributación.
Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que este tratado entre México y Estados Unidos está vigente desde 1994 “y muchos más países lo tienen, en particular la India, desde 1990”.
En relación con el planteamiento de aplicarle una tarifa extra a los ingresos o flujos que los mexicanos envían a México, Amador sostuvo que estos montos ya fueron gravados en Estados Unidos, “pues ya pagaron ISR (impuesto sobre la renta), ya pagaron los impuestos correspondientes, y si se les aplicara este impuesto adicional, entonces sería una doble tributación“.
Sobre las implicaciones de aplicarse este nuevo gravamen, el titular de Hacienda dijo que la propuesta “incumpliría discriminación en términos fiscales, pues el propósito de los tratados de doble tributación es evitar es que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos paguen bajo las mismas condiciones que los trabajadores estadunidenses”.
El artículo 25 de dicho tratado establece que “los nacionales de un estado contratante (los paisanos mexicanos) no serán sometidos en el otro estado contratante (EU) a ningún impuesto u obligación relativa que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que están sometidos los nacionales de este otro estado (los trabajadores de EU) que estén en las mismas condiciones”. Así que, en términos de este artículo, dijo el funcionario, el gravamen propuesto “sería discriminatorio“.
Incumplir este tratado implicaría también “ir contra las prácticas internacionales e incluso podría ir contra las propias normas internas de Estados Unidos, y de esa manera (la propuesta impositiva) podría ser impugnable por parte de los trabajadores afectados y, por lo tanto, podría también declararse nulo el impuesto“.
En cuanto al impacto económico que esta medida provocaría, Amador expuso un panorama general: “Con respecto a las variables que más se afectarían en este caso y desde el nivel macroeconómico, en 2024 las remesas alcanzaron un total de 64 mil 700 millones de dólares, lo que equivale al 3.5% del PIB; de esas remesas, el 99% se recibieron en México a través de transferencias electrónicas, que es un mercado regulado, legal, transparente y completamente monitoreado por las autoridades de ambos países”.
Y agregó: “El 97% de esos flujos de dinero desde EU proviene específicamente de California (33%), Texas (14%) y Colorado (4%). En promedio, cada operación fue por 393 dólares y sus principales destinos fueron Michoacán y Guanajuato“.
Como proporción del PIB estatal, las remesas son esenciales, dijo, pues representan el 16% en Chiapas, 14% en Guerrero, 11% en Michoacán y 11% en Zacatecas: “Las remesas llegan a constituir más del 20% del ingreso familiar y contribuyen a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades receptoras. Los trabajadores mexicanos ya pagan en EU impuestos a tasas de entre 10 y 37%“, afirmó.
