A pesar de que Claudia Sheinbaum sostuvo públicamente que la reforma electoral no se construiría mediante acuerdos políticos con aliados, la Secretaría de Gobernación abrió un canal de interlocución con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), lo que evidenció la doble vía en la conducción del proceso, con encuentros formales que contrastan con el discurso de distancia política expresado desde el Ejecutivo. PVEM y PT finalmente habrían respaldado la reducción de recursos públicos y la revisión del modelo de representación proporcional, pero bajo una condición explícita: que los cambios no comprometan su supervivencia política.
Recurso fallido
El plan estratégico impulsado por Andrés Manuel López Obrador para nacionalizar el litio quedó sujeto a cuestionamientos crecientes sobre su viabilidad financiera, luego de que el propio gobierno reconoció que los yacimientos mexicanos, asociados a arcillas, implican costos de extracción elevados frente a los precios internacionales y a las condiciones geológicas de otros países productores.
A diferencia del discurso de soberanía que acompañó la reforma legal de 2022, la evaluación actual coloca el foco en términos de rentabilidad y capacidad estatal, al evidenciar que el control jurídico del recurso no resolvió los límites tecnológicos, de inversión y de mercado. Puras promesas, pues.
Clases para Lenia
En la pasada sesión de la Suprema Corte, Lenia Batres insistió en mantener un párrafo de un proyecto que siete ministros rechazaron, aferrándose a la idea de que le pertenecía y era intocable. Pero el episodio no quedó en el pleno. También llegó a la red social X, donde Javier Laynez Potisek, ministro en retiro, intervino con una lección básica de derecho constitucional.
Recordó que un ponente no es dueño de la sentencia y que lo votado en contra por una mayoría no puede sobrevivir. La escena remitió a la Corte anterior, cuando Batres era corregida una y otra vez por sus colegas. Más de dos años, y sigue en la curva de aprendizaje.
A Piedra y lodo
En la última sesión de la Comisión Permanente hará acto de presencia la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Aunque el recuento de actividades realizadas tras un año de su ratificación en el cargo por un periodo adicional debería presentarse ante el pleno del Senado, la comparecencia ocurrirá en un espacio distinto y más controlado.
Ahí, la oposición carece de mayoría suficiente para convertir sus reclamos —por lo que consideran una falta de acciones en defensa de las víctimas— en algo más que constancia. Una rendición de cuentas sin sobresaltos, sin mayor confrontación.
Directo a la congeladora
La diputada Ruth Maricela Silva, del Partido Verde, presentó una iniciativa incómoda: que el Congreso trabaje más tiempo en pleno, pasando de poco más de seis meses a, al menos, nueve al año, para acercarse a estándares internacionales del trabajo parlamentario.
No hubo indignación, debate ni entusiasmo. Hubo silencio. Nadie la hizo propia, nadie la defendió y tampoco mereció objeciones. Avanzó sola, sin eco, directo a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El único gesto fue un protocolario “graciassss” de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López. Y así quedó archivada una idea peligrosa: legislar más y reducir el rezago parlamentario.
