La administración de Donald Trump ha tomado una decisión sin precedentes al designar como organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles mexicanos.

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Los seis cárteles designados

Entre los señalados se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Además, fueron incluidas la organización venezolana Tren de Aragua y la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

Esta designación implica consecuencias legales y financieras severas para estos grupos criminales. A partir de la designación, todas sus cuentas y bienes bajo jurisdicción estadounidense serán congelados. Además, cualquier persona o entidad que brinde apoyo financiero, material o logístico a estos grupos podrá enfrentar cargos criminales que pueden derivar en hasta 20 años de prisión.

El Departamento de Estado de EE.UU. justificó la medida argumentando que estas organizaciones han cometido o intentando cometer actos de terrorismo, lo que representa una amenaza para la seguridad nacional y los ciudadanos estadounidenses. Además, esta clasificación facilitará acciones más directas del gobierno de EE.UU. contra estos grupos, incluyendo la posibilidad de operativos militares.

Líderes de los cárteles

Entre los líderes de estos cárteles figuran nombres ampliamente conocidos. Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho“, encabeza el CJNG, mientras que el Cártel de Sinaloa está dividido entre varias facciones lideradas por “Los Chapitos” (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán), Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero. La Nueva Familia Michoacana es liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Pez” y “El Fresa“.

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El Cártel del Noreste, que surgió como una escisión de Los Zetas, es controlado por la familia Treviño Morales. Mientras tanto, el Cártel del Golfo, una de las organizaciones más antiguas en México, ha visto fragmentado su liderazgo tras la captura de Osiel Cárdenas Guillén.

Implicaciones

La designación de estos grupos como organizaciones terroristas también implica la prohibición de ingreso a EE.UU. de sus miembros y la revocación de visas a quienes tengan vínculos con ellos. Esto podría afectar a empresarios, políticos y otras personas con nexos con estos grupos criminales.

Esta medida representa un cambio en la política de seguridad de EU hacia el narcotráfico mexicano y abre la puerta a nuevas estrategias de combate contra estas organizaciones. Sin embargo, también genera incertidumbre sobre el impacto que tendrá en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.