El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó ante la presidenta Claudia Sheinbaum que México requiere transitar hacia un esquema de jueces sin rostro para delitos de alto impacto, ya que testigos y denunciantes quedan expuestos por vacíos normativos que favorecen la impunidad en procesos de extorsión.

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Afirmó que la identidad reservada debe mantenerse hasta el momento del desahogo de la prueba, por lo que pidió reformar el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales y detener la filtración de datos sensibles que originaron agresiones contra declarantes en diversos estados.

El mandatario indicó que la extorsión continúa como uno de los delitos más extendidos y celebró la aprobación del tipo penal uniforme propuesto por la presidenta, ya que fija acción penal de oficio y obliga a las autoridades federales y estatales a sostener investigaciones con mayor rigor frente a redes delictivas.

Explicó que la intimidación criminal provoca que víctimas, denunciantes y testigos abandonaran los procesos o evitaran presentarse ante jueces, lo que derivó en insuficiencia probatoria, caída de casos y debilitamiento de la capacidad del Estado para imponer condenas.

El gobernador michoacano recordó que la denuncia se volvió un acto de alto riesgo porque organizaciones criminales mostraron capacidad para ubicar a declarantes tras la revelación de sus datos en etapas previas al juicio oral, lo que derivó en homicidio, secuestro agravado, desaparición y presión directa contra familias.

Detalló que la legislación admite actos de investigación con testigos protegidos, pero la norma que limita la reserva de identidad a la acusación dejó sin cobertura legal a individuos que aportaron pruebas sustantivas, lo que abrió la puerta a represalias antes de llegar al tribunal.

Añadió que el país debe alinear su marco jurídico con la experiencia de los casos más violentos, porque la exposición anticipada generó riesgos procesales irreversibles y llevó a víctimas a desistirse, lo que imposibilitó consolidar cadenas de custodia y sostener imputaciones.

Subrayó que la reforma permitiría que la reserva subsista hasta que el juez desahogue la prueba, con lo que el Estado podrá garantizar que el testimonio se presente sin poner en riesgo la vida e integridad del declarante y que la defensa reciba información sin vulnerar derechos.

Ramírez Bedolla afirmó que el artículo 20 constitucional establece que el debido proceso debe armonizarse con la protección de los participantes, por lo que la medida no limita garantías, sino que asegura condiciones reales para que víctimas y denunciantes participen sin quedar expuestos.

Sostuvo que la extorsión carcelaria exige medidas inmediatas y recordó que los estados acordaron instalar tecnologías de inhibición de llamadas en penales en ciento ochenta días, con el fin de frenar la operación de grupos que utilizan reclusorios para extorsionar.

Agregó que el planteamiento de jueces sin rostro no implica opacidad, sino una adaptación del sistema penal a la capacidad violenta de organizaciones que operan en diversos territorios, donde la exposición de testigos conllevó consecuencias letales que modificaron procesos judiciales.