La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad, con 31 votos a favor y cero en contra, el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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Antes de ser ratificado ante el Pleno, durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos, planteó como compromisos potenciar las funciones de la UIF con tecnología, cooperación interinstitucional y visión estratégica; anticipar riesgos y detectar patrones financieros complejos; reforzar la interoperabilidad de bases de datos y el análisis en tiempo real; participar en la estrategia nacional contra la extorsión mediante el rastreo y congelamiento de cuentas; fortalecer la lucha contra el lavado de dinero transnacional y los delitos fiscales globales; y combatir redes de corrupción que desvíen recursos públicos.

Explicó que México se encuentra en la quinta ronda de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de establecer y supervisar estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas.

Aseguró que en esta evaluación se revisa si las leyes y regulaciones nacionales están alineadas con las 40 recomendaciones del GAFI y, además, verifica que el país obtenga resultados efectivos en la aplicación de estas medidas, es decir, que no solo cuente con un marco legal adecuado, sino que realmente lo ponga en práctica para prevenir, detectar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Señaló que, ante este examen internacional, el compromiso de la UIF será normativo, operativo y estratégico para que México cumpla plenamente con dichos estándares y fortalezca la solidez y efectividad de su régimen antilavado.

Destacó que la UIF tendrá un papel clave en la estrategia nacional contra la extorsión, reforzará los canales de cooperación con el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y combatirá con firmeza el uso del sistema financiero con fines ilícitos. Subrayó que la unidad actuará “con legalidad, imparcialidad y respeto a los principios constitucionales”, que no será “un instrumento de persecución” y que fortalecerá la cultura de la denuncia, la colaboración con la sociedad civil y los programas de capacitación en prevención del lavado de dinero, trabajando de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero.

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Afirmó que “el combate al crimen organizado no se gana con discursos, sino con resultados” y que, de contar con la confianza del Congreso, pondría al servicio del país su capacidad técnica, experiencia y compromiso para que “el combate al lavado de dinero no sea una promesa, sino una realidad”.