El anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha movido de manera significativa el tablero de la seguridad nacional. El traslado de 10 mil elementos federales para reforzar la vigilancia en Michoacán implica el retiro de fuerzas provenientes de Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Colima, lo que abre brechas de seguridad en zonas donde la violencia ya es alarmante.

Especialistas consultados por El Sol de México coinciden en que no se trata de una reserva militar lista para desplegarse, sino de un reacomodo en un rompecabezas ya fracturado.

Reunir a 10 mil efectivos —equivalentes al 4% de los 230 mil elementos operativos disponibles para vigilar el país— supone un complejo juego de ajedrez, en el que cada movimiento puede dejar descubiertas regiones con problemáticas propias.

Testimonios recogidos por este medio señalan que Guanajuato y Guerrero son dos de las entidades que aportaron el mayor número de elementos desplazados a Michoacán, lo que implica desatender temporalmente plazas atravesadas por graves crisis de violencia.

“Ahorita están tomando personal de todos lados”, explica un exintegrante de guardias presidenciales, hoy adscrito a la Guardia Nacional, quien aceptó hablar bajo anonimato. “Estoy en Lázaro Cárdenas, pero de manera intermitente: a veces aquí, a veces en Zacatula o Petacalco, Guerrero. Así como nos movieron desde la Costa Chica, también están reubicando a compañeros de los estados más cercanos”.

El elemento advierte los riesgos: “Dejamos desprotegida nuestra zona. Aunque hay soldados, las áreas donde estaba la GN —Cruz Grande, Ayutla y El Cortijo— quedaron prácticamente sin presencia por nuestra salida hacia Michoacán”.

Las piezas del tablero

Hace dos semanas, al detallar el Plan de Operaciones Paricutín, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la movilización contempla 4,386 efectivos ya desplegados, más 1,980 adicionales a partir de este sábado, y 4,140 elementos en las fronteras con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero, para evitar el llamado “efecto cucaracha”.

Pero mover fuerzas en un país con múltiples focos rojos no es sencillo. Guanajuato y Colima, ambos limítrofes con Michoacán, figuran como las dos entidades más violentas de México, según el Índice de Paz 2025.

Colima, con una tasa de 101 homicidios por cada 100 mil habitantes, es hoy el estado con el mayor deterioro en sus indicadores de paz desde 2015. Su puerto de Manzanillo —que concentra el 30% de las importaciones marítimas— es estratégico para el ingreso de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo y metanfetaminas, lo que lo convierte en un territorio bajo asedio del CJNG.

Guanajuato, por su parte, encabeza el volumen de homicidios violentos desde hace una década. La disputa entre el CJNG, el CSRL, el Cártel de Sinaloa y facciones del Cártel del Golfo mantiene encendidos municipios como Celaya, Salamanca, Irapuato y León, cuyos gobiernos aún desconocen si los elementos federales permanecerán o serán enviados a Michoacán.

María del Consuelo Cruz Galindo, titular de Seguridad Ciudadana en la entidad, subraya la necesidad de conocer el alcance del plan federal y si habrá medidas para evitar el “efecto cucaracha” en los límites estatales.

Descubiertos

Para el analista David Saucedo, desplegar 6 mil elementos dentro de Michoacán y 4 mil en sus fronteras es insuficiente para atender una crisis que involucra a más de 15 grupos criminales en un territorio de 58 mil km².

“Supongo que no será un despliegue de saturación como en Sinaloa o Zacatecas, sino golpes de precisión, decomisos y desmantelamiento de laboratorios”, señala.

Pero advierte una desventaja estructural: las fuerzas armadas operan como ejército regular, mientras que los cárteles trabajan con células móviles, difíciles de identificar entre la población civil. Para enfrentar a un ejército irregular, explica, se requiere una superioridad numérica de 10 a 1, algo que hoy no existe.

“La cobija no alcanza”, resume. “El número de elementos federales es insuficiente para cubrir todos los incendios simultáneos del país”.

Plazas calientes

Jalisco, otro estado fronterizo con Michoacán, enfrenta su propia crisis: es la entidad con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas. Un tercio de las víctimas halladas entre 2018 y 2021 pertenecen a este territorio dominado por el CJNG.
En 2025, el hallazgo de un sitio de ejecución masiva en Teuchitlán sacudió al país.

Guerrero, vecino directo de Michoacán, es hoy el noveno estado más violento y lidera el número de homicidios políticos desde 2018.

Para Jonathan Maza, analista en inteligencia y riesgos, es prácticamente imposible que las fuerzas armadas estén preparadas para un despliegue de 10 mil elementos “de un día para otro”. Estos contingentes suelen integrarse con personal comisionado por lapsos de tres meses, rotado para evitar la desprotección de otras zonas.

Alberto Guerrero Baena, académico del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, indica que no existe una metodología formal para estos reacomodos: “Las decisiones se toman en función de la disponibilidad y la peligrosidad de cada región. Hay ‘batallones dormidos’, como las exguardias presidenciales, que se activan en circunstancias extraordinarias”.

Con información de Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México