Por años, el discurso oficial fue claro: las reglas electorales eran fruto de una larga lucha contra el autoritarismo. Hoy, desde el poder, la narrativa cambia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una reforma electoral de la que, hasta ahora, sólo conocemos diez puntos. El documento completo —ha dicho— será enviado este lunes. Pero lo que ya se sabe basta para encender alarmas.

No se trata de ajustes menores. Se habla de modificar la fórmula de representación proporcional en la Cámara de Diputados y en el Senado; de desaparecer el PREP; de reducir recursos al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos. Son piezas estructurales del andamiaje democrático. Tocarlas implica mucho más que una simple actualización administrativa.

Cambiar las reglas después de ganar

La crítica central no proviene únicamente de la oposición. También ha surgido desde los propios aliados del oficialismo: el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México han mostrado reservas. No es un detalle menor. Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere mayoría calificada. Y sin la disciplina cerrada de sus aliados, el proyecto simplemente no pasa.

Hay un punto especialmente sensible: esta reforma no surge de quienes perdieron la elección alegando inequidad, sino del grupo que ganó bajo las reglas actuales. Es un hecho inédito en la historia reciente del país. Las grandes reformas electorales del pasado fueron producto de la presión opositora frente a un poder hegemónico. Hoy, quien propone modificar el sistema es el gobierno que acaba de beneficiarse de él.

La pregunta es inevitable: si las reglas permitieron una victoria amplia y legítima, ¿qué es lo que ahora resulta insuficiente o inconveniente?

Representación proporcional en la mira

La modificación a la fórmula de representación proporcional podría alterar el equilibrio entre mayoría y pluralidad. Ese mecanismo fue diseñado precisamente para evitar la sobrerrepresentación y garantizar que las minorías tengan voz en el Congreso. Cambiarlo no es un asunto técnico; es una decisión política con consecuencias directas sobre la composición del Poder Legislativo.

Reducir la proporcionalidad puede traducirse en mayor concentración de poder. Incrementarla sin controles puede fragmentar la gobernabilidad. El diablo, como siempre, está en los detalles. Pero esos detalles aún no se conocen. Y legislar en la penumbra es, por definición, un mal comienzo.

El PREP y la narrativa de la desconfianza

La desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es otro foco rojo. Ha sido, con sus áreas de mejora, un instrumento de transparencia que ofrece información rápida la noche de la elección. Eliminarlo obliga a explicar con claridad qué lo sustituirá y cómo se garantizará certeza electoral.

En un país donde la confianza institucional ha sido históricamente frágil, cualquier paso que pueda interpretarse como retroceso en transparencia tiene un costo político alto. No basta con afirmar que habrá un mecanismo “mejor”. La credibilidad no se decreta; se construye.

Menos recursos, ¿más democracia?

La reducción de recursos al INE y a los partidos políticos es una bandera popular. Suena bien en tiempos de austeridad. Nadie quiere burocracias costosas ni campañas desbordadas de dinero público. Pero el financiamiento público también cumple una función: evitar que el dinero privado —legal o ilegal— capture la competencia electoral.

Debilitar presupuestalmente al árbitro electoral no necesariamente fortalece la democracia. Puede, por el contrario, volverlo más vulnerable frente a presiones políticas. La autonomía institucional no sólo depende de discursos; requiere músculo operativo.

La aritmética legislativa

Más allá del debate de fondo, hay una realidad matemática. Sin mayoría calificada, no hay reforma constitucional. Morena necesita a sus aliados. Y éstos, conscientes de su peso específico, no están obligados a firmar un cheque en blanco. La negociación política será inevitable.

En este contexto, nadie puede asegurar la aprobación. El gobierno tiene la iniciativa política, pero no el desenlace garantizado. Y el margen de maniobra se estrecha cuando las dudas crecen tanto dentro como fuera del bloque oficialista.

El fondo del debate

Las reformas electorales no son simples ajustes normativos; son pactos sobre cómo se compite por el poder. Cuando esos pactos se perciben como diseñados desde el poder para beneficio propio, la sospecha se instala. Y la sospecha erosiona legitimidades.

La presidenta tiene la responsabilidad de despejar incertidumbres. Si la intención es perfeccionar el sistema, deberá demostrar que los cambios fortalecen la pluralidad, la transparencia y la equidad. Si, en cambio, la percepción dominante es que se busca inclinar la balanza, el costo político puede ser mayor que el beneficio legislativo.

Porque en democracia, las reglas no se cambian sólo porque se puede. Se cambian cuando existe consenso suficiente de que mejoran el juego para todos. Lo contrario equivale a serruchar la escalera después de haber subido por ella. Y eso, tarde o temprano, termina pasando factura.