Antes de conocerse el texto completo, la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ya carga con un pesado lastre: la desconfianza. Y no es gratuita. Lo poco que se ha adelantado permite anticipar una iniciativa regresiva, con riesgos evidentes para la democracia mexicana.
La Presidenta ha delineado tres ejes centrales: cambios a la figura de los legisladores de representación proporcional, menos recursos para el árbitro electoral –el INE– y reducción de las prerrogativas a los partidos políticos. En el discurso, el argumento suena atractivo: austeridad, eficiencia, ahorro. En la práctica, el planteamiento despierta alarmas.
El poder ya concentrado
Porque no se trata de simples ajustes administrativos. Se trata de alterar el equilibrio del sistema electoral en un contexto donde Morena ya controla el Poder Ejecutivo, tiene mayoría legislativa y ha avanzado posiciones clave en el judicial. El siguiente paso, advierten críticos de todos los frentes, es capturar el proceso electoral.
No es casual que incluso los aliados tradicionales del oficialismo hayan levantado la ceja. Tanto el Partido Verde Ecologista de México como el Partido del Trabajo han dejado entrever que, si la reforma llega en esos términos, no la respaldarán. Que los socios del poder duden ya es un síntoma claro de que algo no cuadra.
La ley Maduro y el fantasma del autoritarismo
Desde la oposición, el lenguaje ha sido más frontal. Han bautizado la iniciativa como ley Maduro, en alusión al modelo de control político que encarnaba Nicolás Maduro. Más allá del calificativo, el fondo del señalamiento es grave: Morena pretende debilitar al INE, reducir la pluralidad del Congreso y concentrar aún más el poder para impedir elecciones confiables, transparentes y competitivas. El objetivo último, dicen, sería bloquear la alternancia y perpetuarse en el gobierno.
No es paranoia. La historia latinoamericana está llena de reformas “técnicas” que terminaron siendo el preludio del autoritarismo. Primero se recorta el presupuesto del árbitro. Luego se modifican las reglas de representación. Después se acota la competencia. Y, cuando la ciudadanía reacciona, ya es tarde.
La sociedad civil toma la palabra
En este clima surge el Frente Amplio Democrático, un esfuerzo impulsado desde la sociedad civil mediante un manifiesto firmado por académicos, activistas e intelectuales preocupados por el rumbo de la reforma. Advierte sobre los riesgos de debilitar las instituciones electorales y llama a una defensa activa de las libertades. A ese frente, integrado inicialmente por personas a título individual, se sumarán en breve organizaciones civiles con trayectoria en la defensa de derechos y garantías constitucionales.
Riesgos externos y advertencias internas
El tema no es menor. Una reforma electoral percibida como antidemocrática tendría repercusiones internacionales. Llega, además, en la antesala de la revisión del T-MEC, un acuerdo que no sólo regula comercio, sino que impone compromisos en materia de Estado de derecho, justicia y democracia. México no puede darse el lujo de enviar señales de retroceso institucional justo cuando necesita certidumbre externa.
La disyuntiva presidencial
La Presidenta está, hoy, ante una disyuntiva histórica. Puede optar por una reforma incluyente, plural, discutida con especialistas, oposición y sociedad civil, que fortalezca al sistema electoral y lo haga más eficiente sin sacrificar su autonomía. O puede mantenerse en la línea dura y empujar una iniciativa que concentre poder, debilite contrapesos y erosione la confianza ciudadana.
La democracia no se defiende con discursos, sino con instituciones fuertes. Recortar al INE, acotar la representación proporcional y asfixiar financieramente a los partidos no es modernizar el sistema: es mutilarlo. Y cuando se mutila la democracia, lo que sigue es la imposición.
Sheinbaum todavía tiene margen para corregir el rumbo, pero el reloj corre. Y el país observa.
