En la discusión de las reservas a la reforma constitucional en materia energética, que aprobó el pleno de la Cámara de Diputados la madrugada de este jueves, se aprobó una modificación que le quita al gobierno federal la responsabilidad de la transición energética.

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La propuesta de la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, que fue avalada, eliminó unas líneas del artículo 27, con lo que el uso de energías sustentables deja de ser obligatorio.

En el artículo 27 se eliminó el párrafo que señalaba: “El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.

En el artículo 28 se suprimió, de los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor”. Además, se precisó que los ferrocarriles, “tanto para transporte de pasajeros como de carga”, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Y en el apartado que refiere que el Estado otorgará concesiones o permisos, se agregó la palabra “asignaciones”.

Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que la propuesta de modificación es una corrección a tiempo para no condenar al Estado a ser el único que tenga a su cargo la transición energética, ya que ello no sería posible porque no tiene la capacidad económica.

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Añadió que se plantea suprimir el párrafo que dice “El Estado queda a cargo de la transición energética”, porque eso obliga a que sea el Estado el único que use, produzca y distribuya energía, y no se aceptaría ninguna inversión privada.

En contraposición, el diputado panista Germán Martínez Cázares advirtió que esta modificación violenta los convenios internacionales, como el Acuerdo de París, además de que amputa la transición energética y están reduciendo al Estado su capacidad y obligación.

La diputada Laura Ballesteros Mancillas, de Movimiento Ciudadano, sentenció que lo que se busca es quitarle la responsabilidad al Estado sobre el medio ambiente y la transición energética.

El panista Julen Rementería dijo que esta reforma da al Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, la potestad de conducir el sistema energético, pero le quita la responsabilidad de dar la garantía de la transición energética y cumplir con los compromisos internacionales.