Ante la incertidumbre que ha generado entre los inversionistas nacionales y extranjeros la reforma al Poder Judicial, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), advirtió que la misma debe mantener ciertas características como ser un sistema de justicia capaz de resolver conflictos entre particulares y sancionar a quienes cometan delitos.

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También, dar certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse en actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados y, dar seguridad para quienes invierten, de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole.

En conferencia de prensa, se recordó que en 2026 hará una revisión del T-MEC y que éste se firmó firmado bajo condiciones distintas a las que se prevé prevalezcan a partir de la aprobación de las reformas impulsadas por la saliente administración, en particular las relativas al establecimiento de un marco legal y comercial claro, transparente y predecible para la planificación de negocios que apoyen una mayor expansión del comercio y la inversión en México.

Por lo tanto, “para los socios comerciales resultaría preocupante una sustitución del poder judicial federal diferente a la que dio marco al tratado, ya que los tribunales perderían conocimiento y seguimiento de los casos, sin mencionar la incertidumbre que habría sobre los litigios y amparos en curso.

“La concentración de poder conlleva una gran responsabilidad para el nuevo gobierno, por lo que se requiere que la toma de decisiones de la nueva administración se haga con prudencia, objetividad y pragmatismo para lograr una estabilidad económica que nos permita tener un México con menor pobreza y desigualdad y, por lo tanto, un país con viabilidad de largo plazo”, advirtió José Domingo Figueroa Palacios, presidente del organismo.

Por ello, sostuvo que la reforma judicial que se lleve a cabo debe hacerse con prudencia, objetividad y pragmatismo, para no desestabilizar la economía del país, pues recordó que aunado a la reforma se conjuga la revisión del T-MEC en el 2026, mismo que puede ser modificado y en un extremo, incluso hasta cancelado, pues ante una sustitución abrupta del poder judicial preocupará a los inversionistas.

Agregó que las empresas están a la expectativa de las decisiones de la próxima administración y con ello, determinar si continúan con el proceso de relocalización de empresas o buscan otros mercados.

Asimismo, Figueroa Palacios destacó que, a los inversionistas, les gusta que existan contrapesos, para que cuestiones legales que se presenten, puedan ser dirimidas desde un punto de vista legal y no sólo por un actor.

En cuanto a las especulaciones que se han manejado sobre los posibles integrantes del próximo gabinete federal, el IMEF afirmó que al margen de los personajes, la integración debe ser una que tenga objetividad, pragmatismo y la prudencia para la toma de decisiones, ante la concentración de poder que habrá.