Jueces titulares de los Tribunales Laborales Federales, Tribunales Colegiados de Circuito especializados en Materia de Trabajo y plenos regionales en Materias Penal y de Trabajo de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, advirtieron que la Reforma Judicial que discute la Cámara de Diputados incumple distintos compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Señalaron que los países miembros se comprometieron a asegurar que los tribunales que conduzcan o revisen los procedimientos que se puedan interponer procedimientos legales sean imparciales e independientes.
En un manifiesto, señalaron que el T-MEC coexiste y, en algunos casos, interactúa con otros instrumentos del derecho internacional público, incluidos tratados bilaterales, acuerdos multilaterales y otros acuerdos regionales de comercio.
“Esto requiere un equilibrio cuidadoso para asegurar que las disposiciones del T-MEC sean compatibles y se integren óptimamente con otros compromisos internacionales de los Estados parte, lo que conlleva grandes desafíos tanto para el derecho económico internacional como para el derecho constitucional de los Estados parte, sobre todo en materias sensibles como el medio ambiente, el combate a la corrupción, los derechos laborales y la propiedad intelectual”, acota.
Asimismo, los jueces explicaron que, en cuanto a la relación con la resolución de controversias, en el capítulo 23 se hace alusión a distintos compromisos en materia laboral, dentro de los que destaca que los países miembros asegurarán que los tribunales que conduzcan o revisen estos procedimientos sean imparciales e independientes.
También, garantizar la transición a la democracia sindical efectiva, mediante la introducción de transparencia en la elección de líderes sindicales y la rendición de cuentas sobre las actividades de los sindicatos. La erradicación de los llamados contratos de protección, firmados sin consentimiento de los trabajadores.
“La reforma judicial provocará un retraso considerable en la profesionalización de la impartición de justicia especializada, como la laboral, más aún cuando se está en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral que inició en 2019”, precisó.
Añadió que a partir de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco del T-MEC, el Poder Judicial federal ha generado criterios técnico-jurídicos en materias especializadas, asimismo, ha impulsado la capacitación continua de las personas juzgadoras a través de la carrera judicial, lo que ha permitido una impartición de justicia completa y profesional en beneficio de las personas justiciables, y a su vez ha brindado certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras que tienen lugar en el país
“Es innegable que la elección de juzgadores por voto popular no abonaría al estado de derecho ni fortalecería el Poder Judicial, y en cambio amenazaría la histórica relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá; un Estado de derecho débil puede aumentar los costos y la incertidumbre en el mantenimiento y ejecución de los compromisos internacionales, asimismo, se pone en peligro la seguridad nacional pues es muy probable que con esta reforma se permita al crimen organizado irrumpir en el Poder Judicial de la Federación”, concluyó.
