Al defender la reforma política, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el debate actual omite décadas de autoritarismo, fraudes y represión ejercidos por el viejo régimen, y acusó a la oposición de apropiarse del discurso democrático mientras ignora su propio historial de exclusión y control del poder.

En su intervención, la presidenta exhibió una paradoja central del sistema mexicano en torno de la reforma política: quienes hoy se presentan como defensores de la democracia formaron parte de un entramado político que durante décadas bloqueó la participación popular mediante el partido de Estado, el corporativismo y la represión sistemática de sindicatos, estudiantes y movimientos sociales.

Desde esa perspectiva, Sheinbaum recordó que las reformas electorales del siglo pasado no surgieron como concesiones ilustradas del poder, sino como respuestas obligadas ante la presión social acumulada por episodios como la represión de 1968, la guerra sucia y la exclusión de fuerzas de izquierda, lo que contradijo la narrativa opositora que equipara la reforma actual con un retroceso autoritario.

La apertura democrática de los setenta incorporó a las minorías al sistema electoral, recordó, pero mantuvo intacta la estructura de poder, donde la representación proporcional operó como válvula de escape para contener conflictos sin alterar la correlación real de fuerzas entre capital, burocracia y trabajo organizado.

El quiebre de 1988 evidenció esa contradicción al confrontar un proyecto nacional-popular con el bloque neoliberal emergente, cuya consolidación se sostuvo mediante fraudes, pactos cupulares y una institucionalidad electoral funcional a la estabilidad del mercado, no a la voluntad popular.

La mandataria subrayó que los mismos actores que hoy alertan sobre riesgos a la democracia encabezaron procesos como el desafuero de 2004, el fraude electoral de 2006 y la validación de prácticas clientelares y de compra del voto en elecciones posteriores, episodios que, afirmó, marcaron la captura de las instituciones electorales por intereses partidistas y económicos.

Bajo ese recuento, la reforma política fue presentada como una confrontación directa con ese legado, al proponer límites al poder de las cúpulas partidistas, revisar esquemas de representación y reorientar el sistema hacia una lógica de participación popular, en contraste con un modelo que, sostuvo, confundió democracia con reparto de cuotas entre élites.

Sheinbaum advirtió que el debate no gira únicamente en torno a reglas electorales, sino al sentido mismo de la democracia en México, al señalar que sin pueblo no existe democracia posible y que la resistencia a la reforma reflejó la defensa de privilegios construidos durante décadas de control político, económico e institucional.

Bajo esta lógica, la reforma en discusión apunta a desarticular la intermediación de élites partidistas que convirtieron la política en un circuito cerrado, al proponer reglas que reubican al pueblo como sujeto activo y no como masa electoral administrada por aparatos.