El registro de celulares quedó en manos de las empresas de telefonía y solo se consultará en investigaciones por delitos, mientras la policía cibernética y las fiscalías reportaron la cancelación de más de 90 por ciento de llamadas fraudulentas y la desactivación de infraestructura usada para extorsión, incluso en centros penitenciarios, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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Durante la conferencia matutina, se abordó el funcionamiento del registro de teléfonos móviles y las acciones contra el fraude digital, luego de una pregunta que aludió a una entrevista con Norma Solano, presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, quien aseguró la existencia de candados para proteger la información de los usuarios.

Aunque el gobierno aseguró que no administra un padrón centralizado de teléfonos, García Harfuch reconoció que el fraude digital sigue activo y que las acciones se concentran en cancelar llamadas, desactivar antenas en penales y mantener operativos en estados con presencia criminal como Michoacán.

La explicación oficial señaló que el registro no opera como una base gubernamental centralizada, sino como un padrón administrado por las empresas, que asocian cada número con una persona, tanto en planes de contrato como en esquemas de prepago, con el objetivo de reducir el uso del teléfono en extorsiones y fraudes.

El gobierno federal aclaró que el acceso a esos datos solo procede cuando un número queda sujeto a investigación por la comisión de un delito, como extorsión o fraude, y siempre mediante los cauces legales correspondientes, lo que busca equilibrar la seguridad pública con la protección de datos personales.

García Harfuch abundó que, gracias a la atención de reportes ciudadanos a través del número 089, más de 90 por ciento de las llamadas fraudulentas lograron ser canceladas en coordinación con las compañías telefónicas.

El funcionario añadió que, en los casos restantes, las denuncias derivaron en carpetas de investigación que permitieron detenciones, y adelantó que el gobierno federal precisaría el número exacto de chips y líneas extorsivas canceladas como resultado de estos convenios con las empresas del sector.

Además del bloqueo de números, García Harfuch expuso que las autoridades desactivaron infraestructura completa de telecomunicaciones utilizada para actividades ilícitas, como antenas que daban servicio prioritario a centros penitenciarios desde donde se originaban llamadas de extorsión, entre ellos el penal de Altamira, Tamaulipas.