La asociación obligatoria de líneas celulares con personas físicas entró en vigor tras la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de reducir delitos como extorsión, fraude y secuestro virtual, sin crear una base de datos gubernamental ni recabar datos biométricos, según explicó José Antonio Peña Merino.
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El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones expuso que la compra anónima de chips telefónicos permitió durante años el uso de líneas móviles para la comisión de delitos como extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual, debido a la imposibilidad de identificar a la persona responsable de las llamadas denunciadas por las víctimas.
De acuerdo con la explicación del funcionario, la activación de múltiples chips sin identificación facilitó el cambio constante de líneas para evadir la acción de las autoridades, situación que colocó a México entre los pocos países donde la contratación de telefonía móvil de prepago careció de controles de identidad, lo que complicó las investigaciones penales.
Ante este contexto, la legislación aprobada establece que cada línea celular quedará asociada a una persona física plenamente identificada, con el propósito de inhibir el uso del anonimato como herramienta para actividades delictivas y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades de investigación.
Peña Merino precisó que el procedimiento quedó a cargo exclusivo de las empresas de telefonía móvil, sin la creación de un registro centralizado en manos del gobierno, por lo que los datos personales de los usuarios permanecieron bajo resguardo privado conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
La norma fijó que los chips adquiridos antes del 9 de enero contaran con plazo hasta el 30 de junio para completar la asociación, mientras que las nuevas líneas exigen el registro previo para habilitar el uso de datos y servicios, condición indispensable para activar cualquier tarjeta SIM en el país.
El proceso permite dos modalidades: presencial, mediante la presentación de una identificación oficial en centros de atención, y remota, a través de plataformas digitales que solicitan fotografías del documento y una prueba de vida para validar que la persona coincidía con la identidad proporcionada.
El funcionario aclaró que las empresas no conservan imágenes ni datos biométricos, ya que el sistema únicamente valida nombre, CURP y número telefónico, mediante mecanismos similares a los utilizados por instituciones bancarias para verificar identidad sin compartir bases de datos sensibles.
En caso de que una línea se vincule con la comisión de un delito, las autoridades de investigación podrán solicitar información adicional únicamente bajo los supuestos previstos en el Código Penal Federal, sin acceso directo a los registros comerciales de las compañías.
Al corte del informe, el registro acumuló 2,151,802 líneas asociadas, cifra que, según la autoridad, continúa en crecimiento conforme avanza el plazo legal y se amplía la difusión del procedimiento entre los usuarios de prepago.
Como medida complementaria, las empresas alistaron una plataforma de consulta para que cada titular verifique qué números aparecieron vinculados a su CURP, con el fin de detectar irregularidades y solicitar aclaraciones en caso de líneas no reconocidas.
La normativa estableció que los menores de edad no pueden asociar líneas de forma autónoma, por lo que el trámite corresponde a padres o tutores, mientras que en los esquemas de pospago la mayoría de los usuarios ya contaron con procesos previos de identificación.
Finalmente, Peña Merino sostuvo que la asociación de líneas busca proteger a la población y reducir delitos de alto impacto, al tiempo que se mantiene la confidencialidad de los datos personales y limita la intervención gubernamental a los casos previstos por la ley.
