Al defender el registro obligatorio de chips telefónicos como una respuesta directa a la extorsión y los fraudes que se cometen mediante líneas sin identificar, muchas de ellas originadas desde centros penitenciarios, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la medida no vulnera datos personales y fortalece la capacidad de investigación.
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Durante su intervención, la mandataria explicó que la ausencia de control sobre los chips generó un entorno propicio para la extorsión telefónica y los fraudes, delitos que se multiplicaron gracias al anonimato y que, en una proporción relevante, se originaron desde centros penitenciarios del país.
Sheinbaum afirmó que la nueva política busca que cada chip quede asociado a una persona, lo que permitirá mejorar el seguimiento cuando un teléfono se utilice para cometer un delito y reduce la posibilidad de que las líneas se empleen sin consecuencias legales.
La presidenta señaló que el registro no implica la creación de una base de datos gubernamental, ya que la información permanece bajo resguardo de las empresas de telefonía y solo se solicita en casos específicos, cuando exista la comisión de un delito y una investigación formal en curso.
En su exposición, destacó que en el país operan alrededor de 154 millones de líneas telefónicas frente a una población de 130 millones de personas, lo que evidencia el uso de múltiples dispositivos por usuario y la necesidad de ordenar el padrón para evitar abusos.
Sheinbaum reconoció que algunos grupos delictivos intentan evadir los controles mediante llamadas desde números extranjeros, aunque subrayó que el registro nacional redujo de manera significativa el margen de operación delictiva dentro del territorio.
La mandataria agregó que la medida se acompaña de campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía, orientadas a prevenir fraudes y extorsiones mediante la recomendación de no contestar llamadas de números no identificados o ajenos a los contactos personales.
Rechazó las críticas que acusaron un intento de vigilancia masiva, al afirmar que el objetivo central consistió en cerrar espacios al delito y fortalecer la seguridad pública, frente a un problema que afectó de forma cotidiana a millones de personas.
