La eventual suspensión de líneas telefónicas que no sean registradas a partir del 1 de julio, una vez que concluya el plazo establecido para cumplir con el registro obligatorio el 30 de junio, podría colocar a las empresas operadoras en una situación jurídica delicada, al tratarse de contratos privados cuya cancelación derivaría de un lineamiento administrativo y no de una ley aprobada por el Congreso, advirtió el doctor en Derecho y profesor de Derechos Humanos y Derecho Registral de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Medina Romero, quien explicó que esta medida forma parte del proceso de identificación obligatoria de líneas telefónicas impulsado por la autoridad reguladora con el objetivo de eliminar el anonimato en el uso del servicio, el cual, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha sido aprovechado para la comisión de delitos como la extorsión, particularmente desde centros penitenciarios.

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El señalamiento surge luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó y emitió el martes 8 de diciembre los nuevos Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, una regulación que establece que, a partir del 9 de enero de 2026, cada línea telefónica deberá vincularse a una persona física o moral.

El Pleno de la Comisión aprobó por unanimidad el nuevo proceso normativo, luego de integrar los comentarios y observaciones derivados de la Consulta Pública, con lo que se formaliza a nivel nacional un esquema de registro que ya opera en el servicio de pospago y que, según el organismo regulador, se alinea con prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular.

Requisitos del registro obligatorio

Los Lineamientos establecen que para asociar una línea telefónica a una persona física será necesario presentar credencial para votar o pasaporte, así como la Clave Única de Registro de Población, mientras que las personas morales deberán proporcionar su Registro Federal de Contribuyentes. La Comisión precisó que la información será resguardada por los operadores telefónicos y que su tratamiento deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

No obstante, Medina Romero, subrayó que el registro no deriva de un mandato constitucional ni de una ley formal, sino de un lineamiento administrativo emitido por la autoridad reguladora, lo que lo coloca en una jerarquía normativa inferior. Aunque reconoció que se trata de una norma jurídica obligatoria emitida por una autoridad competente, advirtió que su cumplimiento no puede imponerse por encima de la autonomía de la voluntad ni de los contratos celebrados entre particulares.

Usuarios podrían impugnar cancelación de líneas no registradas

Quien fuera director General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del entonces Distrito Federal y Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó que, de concretarse la suspensión de líneas no registradas a partir del 1 de julio, las empresas privadas estarían cancelando contratos vigentes con base en un acto administrativo, lo que podría configurarse como un acto de autoridad consentido. En ese escenario, los usuarios podrían promover juicios de amparo tanto contra la autoridad reguladora como contra las propias empresas operadoras, al argumentar violaciones a derechos humanos vinculados con el acceso a la comunicación, la educación, la salud, la seguridad y el libre desarrollo de la personalidad.

Advirtió, quien también fuera director de Política Criminal de la FEPADE, primer Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción y Director General de Inspección Interna, que una cancelación masiva de líneas tendría consecuencias legales de gran escala, al generar múltiples litigios simultáneos, con costos jurídicos y operativos elevados para las empresas, además de una afectación directa a millones de personas que dependen del teléfono móvil para realizar pagos, acceder a servicios bancarios, recibir clases, desempeñar actividades laborales o atender emergencias.

Medina Romero explicó que en México operan aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas, cifra superior a la población total, con un promedio de 1.5 líneas por persona.

De ese universo, alrededor del 80 por ciento corresponde a líneas de prepago, que pueden adquirirse sin presentar documentación que identifique al usuario. Precisamente por ello, explicó, el registro busca generar una asociación entre la línea y una persona responsable de su uso, algo que actualmente no existe.

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Desde esa perspectiva, reconoció que el registro puede tener un efecto inhibidor en delitos como extorsión, fraudes, secuestros o violencia digital, al dificultar el uso anónimo de líneas telefónicas, sin embargo, subrayó que la medida no puede operar de manera aislada ni presentarse como una solución definitiva, en la medida en que el propio Estado ha reconocido que una parte sustancial de las extorsiones telefónicas no se origina en el uso ciudadano del servicio, sino en centros penitenciarios plenamente identificados.

Estrategia Nacional contra la Extorsión: bloqueo de penales federales

En ese sentido, el 11 de noviembre de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el primer trimestre de 2026 quedarán bloqueados los centros penitenciarios federales y los de la Ciudad de México, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, al reconocer que una proporción significativa de este delito se comete desde el interior de los penales mediante el uso de líneas telefónicas.

El funcionario detalló, en la conferencia de prensa que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, que se detectó que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsión a través del número 089, por lo que, aseguró, se implementaron acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión para impedir que estas llamadas se originen desde los centros de reclusión.

Como parte de estas acciones, Omar García Harfuch señaló que se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas avanzados de circuito cerrado, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología especializada en centros penitenciarios federales. Asimismo, informó que el 33 por ciento de las líneas detectadas ya fueron bloqueadas mediante el retiro de antenas en Altamira, Tamaulipas; el cambio de antenas en Matamoros; y el bloqueo total de los servicios 3G y 4G en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

Añadió que en el primer trimestre de 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la capital del país. Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, con apoyo de Prevención y Reinserción Social y otras dependencias, han realizado 730 revisiones en 275 centros penitenciarios, en las que se han asegurado módems, teléfonos, chips, drogas y armas, mientras que, aseguró, Prevención y Readaptación Social ha llevado a cabo 4 mil 608 revisiones ordinarias en los centros federales, donde se han decomisado más de 84 mil objetos desde el inicio de la administración.

Riesgos de protección de datos y baja respuesta al registro telefónico

Medina Romero advirtió que trasladar el peso de la política pública a los usuarios y a las empresas mediante la cancelación de líneas telefónicas podría profundizar la desconfianza institucional. Señaló que el riesgo jurídico no solo recae en los usuarios, sino también en las empresas operadoras, que podrían enfrentar demandas por cancelaciones contractuales y, de manera paralela, responsabilidades por posibles fallas en la protección de datos personales.

El doctor en Derecho alertó que la información sensible no será resguardada por el gobierno, sino por las empresas operadoras, lo que incrementa los riesgos de negligencia, hackeos o filtraciones. En caso de una vulneración de datos, advirtió, las empresas podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, además de demandas individuales o colectivas por daños.

A ello se suma la baja respuesta ciudadana registrada en las primeras semanas del proceso. De acuerdo con cifras oficiales, en el primer mes apenas se registraron entre 3.5 y 4 millones de líneas. Con ese ritmo, estimó, al cierre del plazo se alcanzarían entre 25 y 30 millones de registros, dejando fuera a más de 120 millones de líneas, lo que vuelve inviable una aplicación estricta del lineamiento sin consecuencias legales, sociales y económicas de gran magnitud.

Especialista propone discutir registro en el Congreso y ampliar plazos

Finalmente, Medina Romero consideró que un tema de esta relevancia debería discutirse en el Congreso, mediante un parlamento abierto que incluyera a especialistas, universidades, empresas y sociedad civil, con el objetivo de construir una ley que otorgue certeza jurídica, establezca una estrategia integral y defina plazos realistas, ya que, dijo, el plazo actualmente fijado resulta insuficiente frente al universo de líneas existentes y a la baja tasa de registros observada, por lo que consideró necesario que se evalúe su ampliación antes de cualquier medida de suspensión.

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Asimismo, recomendó a los usuarios mantenerse atentos al desarrollo del proceso y a los criterios que vayan emitiendo las autoridades y los tribunales, al recordar que en México ya han existido intentos previos de registros administrativos, incluidos padrones de líneas telefónicas y otros esquemas como el registro vehicular, que no lograron consolidarse o fueron abandonados por problemas legales y operativos, lo que obliga a actuar con cautela antes de asumir que el esquema actual tendrá viabilidad jurídica y funcional.