Foto: X La intervención en la Casa de las Mercedes, institución de asistencia privada ubicada en la colonia San Rafael, donde fueron rescatadas 80 niñas y adolescentes tras detectarse presuntos casos de abuso y otras irregularidades en su funcionamiento, derivó en un diferendo entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Cuauhtémoc.
Mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la actuación fue resultado de una resolución judicial solicitada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que su administración gestionó una visita de verificación administrativa en materia de Protección Civil y funcionamiento mercantil, acompañada por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).
De acuerdo con la alcaldesa, la Dirección General de Gobierno de la demarcación solicitó al INVEA la diligencia con el propósito de acreditar el funcionamiento legal del inmueble.
Durante la visita se detectaron diversas irregularidades en materia de seguridad y se colocaron sellos de suspensión por incumplir medidas básicas de Protección Civil, entre ellas la falta de señalamientos de salida de emergencia, la ausencia de indicaciones en caso de incendio o sismo, y la no visibilidad de números de emergencia ni rutas de evacuación.
Rojo de la Vega, quien acudió al lugar, declaró que la actuación se realizó conforme a la ley. “Se están llevando a cabo las verificaciones por temas de Protección Civil y establecimiento mercantil. Ya está la Dirección General de Gobierno junto con el INVEA haciendo la diligencia, y se determinará si se lleva a cabo una suspensión del lugar. Que se haga justicia, por supuesto; si hay investigaciones y carpetas, que se encuentren a los responsables y que haya justicia, pero también los niños necesitan estar bien“, dijo.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, precisó que la intervención con fines de protección de menores fue realizada por el Gobierno capitalino y no por la alcaldía.
https://platform.twitter.com/widgets.js🔺Rescatan a 35 #Niñas y #Niños de la Casa Hogar Las Mercedes; denuncian que eran víctimas de violencia, abusos y #TrataDePersonas
— Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) October 30, 2025
Alcaldesa @AlessandraRdlv
Pide a @FiscaliaCDMX que informe el
estatus de
los menores #INVEA pone sellos de Suspensión de Actividades pic.twitter.com/3oRAVvo9IF
Explicó que el operativo se efectuó con base en una resolución judicial promovida por el DIF Ciudad de México, tras detectar irregularidades y posibles actos delictivos durante las supervisiones, y que contó con la participación de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, la Fiscalía General de Justicia y organismos de derechos humanos.
“La intervención fue realizada por el Gobierno de la Ciudad de México con base en una resolución judicial para salvaguardar el interés superior de las niñas y adolescentes. Todo lo que se hizo fue para protegerlas; nadie más intervino ni investigó antes”, señaló Brugada.
En este sentido, la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, informó que el 29 de octubre se ejecutó la resolución judicial que ordenó medidas urgentes de protección especial a favor de las menores —47 en la sede de la calle Schulz y 33 en la de Berriozábal—. El operativo fue coordinado por el DIF y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos local.
Explicó que las niñas y adolescentes fueron trasladadas a espacios de resguardo temporal administrados por el DIF, donde reciben atención médica, psicológica, social y jurídica de manera permanente.
Indicó que la autoridad judicial dispuso además medidas de protección y custodia de los inmuebles, así como la prohibición para que los presuntos responsables se acerquen o mantengan contacto con las víctimas.
De acuerdo con la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, la investigación comenzó en marzo, cuando una adolescente bajo resguardo del albergue fue trasladada de manera irregular por la directora, Ángela N, al domicilio de su madre, donde presuntamente fue agredida sexualmente por un hombre identificado como Aquiles “N”.
La denuncia presentada por la víctima permitió iniciar la investigación, que derivó en la orden de aprehensión por violación agravada y en una segunda carpeta por posible explotación laboral, ante indicios de que algunas menores eran enviadas a realizar labores domésticas en domicilios particulares.
Brugada Molina reiteró que el objetivo principal del Gobierno capitalino fue garantizar la integridad y seguridad de las menores. “Las niñas están a salvo y bajo cuidado especializado. Continuaremos vigilando que las investigaciones se desarrollen con apego a la ley y que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos”, afirmó.
Dijo que el Comité de Vigilancia —integrado por el DIF, la Secretaría de Bienestar y la Junta de Asistencia Privada— evalúa las alternativas para la reubicación definitiva de las niñas, con el propósito de asegurar que permanezcan en espacios adecuados y bajo supervisión constante.
